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La iniciativa fue promovida por el diputado Federico "Fredy" Franco y la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, Dalia Estigarribia, quienes plantean modificar la Ley N.º 5415/2015 con el objetivo de hacer más efectivas las sanciones para quienes no cumplen con sus obligaciones alimentarias.
Los proyectistas sostienen que las limitaciones actualmente previstas en la legislación tienen escaso impacto, ya que solo impiden la obtención inicial de la licencia de conducir, establecen restricciones para determinados actos notariales relacionados con bienes y disponen que la condición de deudor sea informada durante la celebración de un matrimonio civil, medidas que consideran insuficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación.
La propuesta incorpora una serie de nuevas prohibiciones para quienes permanezcan inscriptos en el Redam. Entre ellas figura el impedimento para obtener o renovar la licencia de conducir, tramitar o renovar el pasaporte, abandonar el país sin autorización judicial y asistir a espectáculos deportivos, recreativos o culturales organizados con fines comerciales.
Asimismo, el proyecto establece que las personas registradas como deudoras no podrán acceder a cargos dentro de la administración pública, participar en concursos, ser contratadas por el Estado ni asumir funciones públicas mientras mantengan vigente su inscripción. También plantea impedir que puedan postularse a cargos electivos mientras persista la deuda alimentaria.
La iniciativa contempla además la posibilidad de que los jueces impongan el pago de costas procesales y una reparación por los daños materiales y morales ocasionados cuando se compruebe un incumplimiento deliberado de la obligación alimentaria.
Para garantizar el cumplimiento de estas restricciones, el proyecto dispone que las instituciones públicas exijan el Certificado de Antecedentes de Deudores Alimentarios Morosos, expedido por la Corte Suprema de Justicia, como requisito previo para la realización de los trámites alcanzados por la normativa.
Otro de los ejes de la propuesta apunta a modernizar el funcionamiento del Redam mediante la digitalización de los procedimientos. En ese sentido, se plantea habilitar la presentación electrónica de las solicitudes de inscripción, integrar automáticamente la información al expediente judicial electrónico, implementar notificaciones digitales, fortalecer los canales de atención en línea y establecer un sistema permanente de seguimiento a través de plataformas digitales y servicios oficiales de mensajería.
Tras su ingreso oficial a la Cámara de Diputados, el proyecto deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de ser incluido en el orden del día para su estudio por el pleno.
