PolíticaProyecto de ley
Legisladores de la Bancada "A" de la Asociación Nacional Republicana (ANR) presentaron un proyecto de ley que busca endurecer las penas para agentes penitenciarios, policías y otros funcionarios públicos que faciliten o colaboren en la fuga de personas privadas de libertad.
La iniciativa plantea modificar el artículo 294 del Código Penal Paraguayo con el objetivo de reforzar las sanciones contra quienes, teniendo la obligación legal de impedir evasiones, participen en la liberación de internos, los induzcan a escapar o les brinden apoyo para concretar la fuga.
El proyecto surge en un contexto marcado por reiterados episodios de evasiones en centros penitenciarios y por investigaciones que revelaron presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios encargados de la custodia de reclusos.
Según la exposición de motivos, las fugas suelen ser resultado de una estructura de apoyo que involucra tanto a agentes externos como a personal que opera dentro de las cárceles.
Los proyectistas sostienen que las organizaciones criminales destinan importantes recursos económicos para corromper a funcionarios y garantizar el éxito de los planes de escape.
Actualmente, el Código Penal establece una pena de hasta siete años de prisión para los funcionarios que, estando obligados a impedir una evasión, colaboren con ella. La propuesta eleva ese castigo a una pena de entre cuatro y diez años de cárcel.
Además, incorpora un agravante para los casos en que la conducta derive en la fuga de más de un interno. En esas circunstancias, la pena prevista será de entre cinco y quince años de prisión.
Los impulsores de la normativa argumentan que las sanciones vigentes resultan insuficientes para desalentar la participación de agentes penitenciarios y miembros de las fuerzas de seguridad en esquemas promovidos por estructuras criminales.
Aseguran que la baja expectativa de castigo es utilizada por estas organizaciones para reclutar colaboradores dentro del sistema penitenciario.
Desde el punto de vista político, la propuesta se inscribe en la estrategia del oficialismo de endurecer la respuesta estatal frente al avance del crimen organizado y reforzar los mecanismos de control dentro de las cárceles, consideradas por las autoridades como uno de los principales focos de operación de grupos delictivos.
El proyecto será analizado por las comisiones de Legislación y Codificación, y de Justicia, Trabajo y Previsión Social, antes de ser sometido a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
