PolíticaDecisión
El Senado terminó convalidando la versión de Diputados y dejó en pie la administración de millonarios recursos de Hambre Cero en manos de las gobernaciones, incluidas Concepción y Alto Paraná, pese a los cuestionamientos políticos, las denuncias de desprolijidades y la falta de un informe concluyente de la Contraloría. El proyecto queda sancionado y pasa ahora al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga o veta la modificación.
El programa Hambre Cero volvió a quedar en el centro de una fuerte pulseada política. La Cámara de Senadores terminó sancionando el texto aprobado por Diputados y, con ello, se restituyó la administración de los recursos de alimentación escolar a las gobernaciones, incluso a aquellas que habían sido puestas bajo la lupa por presuntas irregularidades, manejos desprolijos y cuestionamientos públicos.
La decisión representa un giro político significativo. El mismo Senado que semanas atrás había impulsado el retiro de la administración a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná terminó aceptando la versión de Diputados, que mantuvo el manejo departamental del programa. En términos prácticos, el Ministerio de Desarrollo Social seguirá administrando Hambre Cero en Asunción, Central y Presidente Hayes, mientras que Concepción, Alto Paraná y los demás departamentos conservarán la ejecución a través de sus respectivas gobernaciones.
El proyecto ya no vuelve a Diputados. Al no reunir el Senado la mayoría absoluta necesaria para ratificarse en su versión original, quedó firme el texto de la Cámara Baja. Ahora el documento será remitido al Poder Ejecutivo, que tendrá la última palabra mediante la promulgación o el veto.
La controversia de fondo no es menor. Hambre Cero es presentado como uno de los programas emblemáticos del gobierno de Santiago Peña, con el objetivo de universalizar la alimentación escolar. Sin embargo, su ejecución quedó atravesada por sospechas de uso político, denuncias de sobrefacturación, acusaciones de coimas y disputas internas dentro del propio oficialismo.
El primer intento del Senado apuntaba a quitar a Concepción y Alto Paraná la administración directa de los fondos y trasladarla al Ministerio de Desarrollo Social. La medida fue planteada luego de la polémica que involucró a la gobernadora de Concepción, Liz Meza, tras la ostentosa fiesta de quince años de su hija, en una zona marcada por fuertes carencias sociales. Ese episodio terminó acelerando el debate sobre el manejo de recursos públicos y la pertinencia de mantener bajo control departamental fondos millonarios destinados a la alimentación de escolares.
También fue mencionada la situación de Alto Paraná, bajo la administración de César "Landy" Torres. En ambos casos, el debate legislativo no se limitó a la eficiencia administrativa, sino que se instaló sobre un terreno más delicado: la sospecha de que el programa podía convertirse en una caja política bajo control de gobernadores.
El Senado había intentado dar una señal de control, pero Diputados frenó esa movida. La Cámara Baja calificó la decisión de los senadores como una represalia política y defendió la descentralización. Varios diputados argumentaron que, si existen irregularidades, corresponde investigarlas formalmente y no castigar por ley a determinadas gobernaciones sin un proceso concluido.
La posición de Diputados terminó imponiéndose. En la sesión extraordinaria, el Senado aceptó el texto modificado, bajo el argumento de que los gobernadores involucrados fueron escuchados y de que la Contraloría General de la República todavía se encuentra realizando controles. Ese punto es uno de los más sensibles: la restitución se produce antes de contar con un dictamen final del órgano contralor.
El propio senador Silvio "Beto" Ovelar, impulsor de la propuesta original para retirar recursos a determinadas gobernaciones, admitió que aún no se cuenta con una respuesta final de la Contraloría. Aun así, sostuvo que no todas las gobernaciones operan mal y que existen administraciones con buen desempeño. Su postura terminó inclinándose por aceptar la versión de Diputados para evitar una nueva confrontación institucional.
Ovelar también dejó una advertencia política: si las irregularidades continúan, el Senado podría volver a revisar el esquema durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2027 y trasladar nuevamente la administración al Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, la restitución no cierra la crisis, sino que apenas posterga una definición de fondo.
La discusión expuso además una fuerte interna entre senadores y diputados oficialistas. Desde el Senado se había hablado de "desprolijidades notorias" y de la necesidad de esperar documentos de la Contraloría para tomar decisiones más firmes. Desde Diputados, en cambio, se acusó a la Cámara Alta de actuar con superioridad política y de intentar condicionar a gobernadores electos.
En medio de esa pulseada, el programa quedó atrapado entre dos discursos: el de la descentralización y el del control. Los defensores de las gobernaciones sostienen que los gobiernos departamentales están más cerca de las comunidades educativas y pueden ejecutar con mayor eficiencia. Los críticos advierten que la cercanía territorial no garantiza transparencia y que, sin controles estrictos, Hambre Cero puede transformarse en una poderosa herramienta clientelar.
La oposición también lanzó cuestionamientos de fondo. Uno de los planteamientos apuntó a la constitucionalidad del programa, al considerar que centraliza fondos y permite definir discrecionalmente qué instituciones administran recursos. Otro sector fue más duro y denunció presuntos esquemas de sobrefacturación en la provisión de alimentos, señalando que los recursos destinados a niños podrían estar siendo aprovechados por estructuras políticas.
Los gobernadores, por su parte, rechazaron que se los asocie de manera generalizada con corrupción o coimas. Alegaron que las acusaciones afectan a administraciones departamentales sin que existan conclusiones firmes y defendieron el modelo descentralizado como una forma de sostener la ejecución del programa en territorio.
Pero el problema político persiste: el Congreso acaba de restituir millonarios recursos a gobernaciones cuestionadas sin esperar el cierre de los controles de Contraloría. La decisión puede ser leída como una defensa de la descentralización, pero también como una señal de tolerancia frente a manejos que todavía no fueron suficientemente aclarados.
El proyecto queda ahora en manos del Ejecutivo. Si el presidente Santiago Peña promulga la ley, el esquema aprobado por Diputados y convalidado por el Senado quedará vigente: el Ministerio de Desarrollo Social administrará Hambre Cero solo en Asunción, Central y Presidente Hayes, mientras las demás gobernaciones conservarán el control de los fondos. Si veta la norma, se abrirá una nueva pulseada con el Congreso.
El trasfondo es incómodo para el Gobierno. Hambre Cero fue diseñado como una bandera social, pero el debate legislativo terminó revelando su costado más vulnerable: el manejo de recursos públicos millonarios en manos de estructuras políticas territoriales. La alimentación escolar, que debía ser el centro del programa, quedó desplazada por una disputa de poder, sospechas de corrupción y cálculos entre bancadas.
La sanción del proyecto no despeja las dudas. Al contrario, deja abierta una pregunta central: si todavía no existe un informe final sobre la ejecución de los fondos, ¿por qué el Congreso decidió restituir la administración a las gobernaciones antes de cerrar la investigación?
Esa será la carga política que acompañará ahora al Ejecutivo. Promulgar la ley implicará convalidar la devolución de recursos bajo sospecha. Vetarla significará confrontar con gobernadores y con parte del propio oficialismo. En cualquiera de los escenarios, Hambre Cero ya dejó de ser solamente un programa social: se convirtió en una prueba directa sobre la capacidad del poder político para administrar dinero público sin convertir la comida de los niños en botín.
