PolíticaPuja por millonario programa social
El programa Hambre Cero, uno de los proyectos sociales más emblemáticos del gobierno del presidente Santiago Peña, se convirtió en el centro de una inesperada disputa política dentro del propio oficialismo. La decisión del Senado de retirar a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná la administración del plan de alimentación escolar y transferirla al Ministerio de Desarrollo Social abrió una grieta entre legisladores y autoridades departamentales del mismo sector político.
El conflicto estalló cuando el Senado aprobó una modificación legal que aparta a ambas gobernaciones de la gestión del programa, una medida que fue interpretada por varios gobernadores como una sanción política. El planteamiento surgió inicialmente tras cuestionamientos a la administración de los recursos en Concepción, pero durante el debate legislativo también se incluyó a Alto Paraná, ampliando el alcance de la decisión y elevando la tensión dentro del oficialismo.
La reacción fue inmediata
El Consejo de Gobernadores emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación" por la medida y cuestionó que se haya tomado sin que existan denuncias formales o procesos concluidos que prueben irregularidades. Los jefes departamentales advirtieron que la decisión debilita el modelo de gestión descentralizada del programa y alertaron sobre el riesgo de que una política pública destinada a la alimentación escolar sea utilizada como herramienta de disputa política.
Detrás del conflicto aparece un componente electoral cada vez más evidente. Los gobernadores sostienen que el trasfondo de la decisión responde al clima preelectoral y a la competencia interna dentro del oficialismo de cara a los próximos comicios municipales. Según su interpretación, el control de Hambre Cero no solo implica administrar recursos sociales, sino también manejar un programa con fuerte presencia territorial en miles de escuelas, lo que lo convierte en una herramienta política de alto impacto.
Contratos millonarios
La disputa también expone el enorme peso presupuestario del plan. Hambre Cero moviliza contratos millonarios para la provisión de alimentos y logística en todo el país, involucrando a empresas proveedoras, gobiernos departamentales y organismos de control. El programa incluso arrastra una deuda cercana a USD 50 millones con empresas proveedoras correspondiente al ejercicio 2025, lo que refleja la magnitud financiera del esquema de alimentación escolar.
En medio de la polémica, el presidente Peña buscó bajar el tono del conflicto y pidió "cuidar" el programa, recordando que su implementación fue posible gracias al trabajo conjunto con gobernaciones y municipios. Sin embargo, también remarcó que se trata de un plan "demasiado grande y ambicioso", por lo que el control y la transparencia en su ejecución resultan fundamentales.
El episodio deja al descubierto una tensión latente en el oficialismo, como es la disputa por el control político y administrativo de los programas sociales más visibles del Gobierno. Hambre Cero, concebido como la política insignia para garantizar la alimentación escolar en todo el país, terminó convertido en un nuevo escenario de pulseadas internas.
