Mientras tanto, anunciaron que presentarán propuestas formales al Congreso con el objetivo de incidir en el debate antes de la sesión prevista para la próxima semana.
La postura fue expuesta por el juez Carlos Hermosilla, vocero de los gremios judiciales, quien explicó que el sector evalúa paso a paso los escenarios que podrían abrirse tras una eventual sanción de la ley. Según sostuvo, cualquier norma que vulnere derechos adquiridos habilita el camino constitucional para reclamar ante la máxima instancia judicial, y esa posibilidad está plenamente vigente en este caso.
El dirigente gremial manifestó su expectativa de que los senadores analicen con detenimiento la propuesta alternativa que será acercada al Legislativo y apeló a lo que definió como un gesto político de apertura y responsabilidad. Indicó que la intención no es confrontar de manera inmediata, sino agotar primero las instancias de diálogo institucional antes de avanzar por la vía judicial.
En ese marco, confirmó que este viernes será presentada una nota formal al presidente del Senado, Basilio Núñez, con el pedido de que el planteamiento gremial sea estudiado durante la sesión convocada para el martes. Además, adelantó que solicitaron audiencias con varios senadores para el lunes desde las primeras horas de la mañana y que, tras esos encuentros, darán a conocer una evaluación pública de los resultados.
Las propuestas que los gremios pondrán sobre la mesa apuntan, principalmente, a resguardar a los funcionarios que, al momento de la entrada en vigencia de la eventual reforma, quedarían fuera de los nuevos requisitos establecidos para la jubilación. Hermosilla remarcó que el foco está puesto en proteger derechos que consideran consolidados y en evitar que el cambio normativo tenga un impacto negativo tanto en los haberes jubilatorios como en la prestación de los servicios públicos.
El magistrado también cuestionó la forma en que se viene tramitando la reforma, al señalar que genera preocupación no solo el contenido del proyecto, sino la rapidez con la que avanzó en el Congreso. A su criterio, el proceso legislativo acelerado alimenta la incertidumbre y la desconfianza dentro del sistema judicial.
Consultado sobre la renuncia de magistrados ante la modificación de las reglas previsionales, Hermosilla sostuvo que el fenómeno tiene consecuencias graves desde el punto de vista humano, técnico y económico. Relató incluso el caso de un juez que, según afirmó, se vio prácticamente forzado a dejar el cargo ante el nuevo escenario, y advirtió sobre el alto costo que implica la formación de un magistrado para el Estado.
Finalmente, describió el clima interno que atraviesa el sector como marcado por la angustia y la desilusión, y aseguró que los gremios vienen llamando a la calma para evitar una ola de renuncias. Señaló que muchos funcionarios sienten que no hubo tiempo suficiente para comprender a fondo los alcances de la reforma y que esa falta de claridad profundiza la sensación de incertidumbre frente a un cambio que impacta directamente en sus condiciones de retiro y en la estabilidad del sistema judicial.



