PolíticaCeden ante presión
La iniciativa, que será puesta a consideración del pleno desde las 10:00 de este jueves, incorpora cambios clave respecto a la propuesta original, especialmente en lo relacionado con la edad de retiro, los aportes y la participación del Estado.
La decisión se dio tras una reunión extraordinaria entre legisladores de distintas comisiones y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se coincidió en la necesidad de introducir ajustes para destrabar el debate político y contener el creciente malestar de los sectores afectados, que desde hace días mantienen protestas y movilizaciones.
Entre los principales cambios planteados figura un esquema diferenciado de aportes. Los sectores considerados deficitarios —docentes, militares, policías y magistrados— pasarían a contribuir con un 19%, mientras que los regímenes superavitarios, como la administración pública, mantendrían el aporte actual del 16%. La intención, según los legisladores, es equilibrar las cuentas sin aplicar una suba generalizada.
Otro punto central es la edad mínima de jubilación. La nueva propuesta plantea que la jubilación extraordinaria pueda alcanzarse desde los 55 años, siempre que se acrediten al menos 30 años de aportes, aunque con una tasa de sustitución del 60%. Este esquema contrasta con la versión inicial del Ejecutivo, que fijaba la edad mínima en 57 años y una tasa de retorno del 78%, generando un fuerte rechazo en varios gremios.
Las reacciones no tardaron en llegar. Desde el sector docente, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, cuestionó con dureza la posibilidad de una tasa de sustitución tan baja, advirtiendo que un 60% resulta insuficiente para garantizar una jubilación digna, especialmente en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo.
En cuanto al rol del Estado, las comisiones legislativas respaldaron un aporte inicial del 1%, con incrementos progresivos hasta llegar al 5% en un plazo de cinco años. De acuerdo con estimaciones presentadas durante la reunión, este esquema implicaría un impacto fiscal de unos USD 41 millones a partir de 2027, un dato que sigue generando debate dentro y fuera del Congreso.
Desde el oficialismo admiten que el proyecto sigue lejos de ser una solución definitiva. El diputado Hugo Meza reconoció que la reforma no resolverá de manera integral el problema estructural de la Caja Fiscal, pero sostuvo que permitiría "bajar la hemorragia" y ganar tiempo para ajustes futuros. También confirmó que se aguarda la presentación formal de un nuevo texto por parte del Ministerio de Economía, con la expectativa de que resulte aceptable para la mayoría de los sectores.
El vicepresidente Pedro Alliana, por su parte, aseguró que el tratamiento de la reforma ya no puede seguir postergándose, aunque insistió en que el objetivo no es forzar una aprobación apresurada. Según señaló, el proyecto apunta a un punto intermedio que evite un impacto social abrupto y permita avanzar hacia un consenso mínimo. En relación con las movilizaciones previstas para la jornada, afirmó que se garantizará el orden y la seguridad en los lugares de concentración.
En paralelo, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados emitió un dictamen propio con modificaciones que benefician exclusivamente a las fuerzas públicas. En ese documento se plantea una mayor protección de los derechos adquiridos, un aumento del aporte estatal —sin precisar porcentaje— y el rechazo a fijar una edad mínima de 57 años para los uniformados, lo que agrega un nuevo foco de tensión al debate.
El proyecto será analizado en plenaria junto con el texto original del Ejecutivo y los distintos dictámenes emitidos por las comisiones. No se descarta que durante la sesión se introduzcan nuevos cambios sobre la marcha, en un escenario marcado por la presión social y las divisiones internas dentro del oficialismo.
Desde el propio Partido Colorado admiten que el avance de la reforma tendrá un costo político, especialmente en la antesala de un periodo electoral. Aun así, legisladores oficialistas sostienen que la prioridad es evitar una salida traumática y contener el impacto sobre los afiliados, aunque reconocen que cualquier modificación al sistema jubilatorio implica asumir riesgos en el plano político y social.
