Gobierno se pronuncia: Riera propone endurecer penas para menores de edad
El ministro del Interior, Enrique Riera, adelantó que en el Congreso Nacional ya se empieza a discutir una reforma legislativa que incluye la posibilidad de endurecer las penas para menores de edad involucrados en hechos delictivos graves. También se analiza la reducción del umbral de imputabilidad penal.
"No se trata solo de subir las penas. También hay que revisar la edad a partir de la cual una persona puede ser imputada, porque el crimen organizado se aprovecha de los menores sabiendo que serán prácticamente intocables por la ley", señaló Riera. Según el ministro, ya existen parlamentarios que pretenden plantear la baja de la imputabilidad a los 14 años, lo cual anticipa un debate de alta tensión en el Congreso.
Las declaraciones del titular del Interior llegaron luego de una serie de casos que sacudieron a la opinión pública, entre ellos, el brutal homicidio de María Fernanda, ocurrido días atrás. El funcionario aseguró que la Policía actuó con rapidez, pero reconoció que existen límites estructurales en la capacidad de prevenir este tipo de hechos violentos, sobre todo cuando ocurren en entornos familiares o cercanos a las víctimas.
Durante la conferencia, Riera apeló a una reflexión colectiva: "Nos tenemos que mirar como paraguayos y preguntarnos qué nos está pasando. Tal vez esto sea una secuela del abandono a la salud mental o del impacto pospandemia, que todavía no logramos dimensionar".
En paralelo, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, expresó la solidaridad del Gobierno con la familia de la víctima y aseguró que se redoblarán esfuerzos para combatir la violencia. Dijo que se coordinarán acciones entre las instituciones y se desplegará un equipo de funcionarios en todos los departamentos para trabajar en prevención. A esto se suma una promesa de impulsar desde el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para mejorar los protocolos de búsqueda y localización de niños y adolescentes desaparecidos, una deuda pendiente que el propio Congreso desestimó en 2024 con el argumento de que ya existen normativas vigentes.
Las cifras, sin embargo, desmienten la eficacia de ese supuesto marco legal. Solo entre enero y el 10 de marzo de este año, se registraron cerca de 300 denuncias de desaparición de menores de edad. De ese total, 143 aún no retornaron a sus hogares. El contraste entre estos números y la minimización previa del fenómeno por parte de las autoridades —cuando el ministro Gutiérrez habló de "tres o cuatro casos"— reaviva las críticas sobre la falta de políticas públicas efectivas en esta área.
En medio del dolor por el crimen de María Fernanda, algunos sectores sociales manifestaron su indignación frente a la supuesta casa donde habría ocurrido el crimen. Las autoridades pidieron calma y advirtieron sobre los riesgos de tomar justicia por mano propia.
Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, intervino con un enfoque más introspectivo, asegurando que la raíz de esta violencia puede estar en la pérdida del sentido de comunidad y en la falta de afecto en las primeras etapas de la vida. "Cuando los niños no viven la etapa de recibir cariño, es posible que se conviertan en adultos capaces de hacer daño sin remordimientos", dijo. También alertó sobre el rol de los dispositivos tecnológicos en la crianza actual y la desconexión emocional que esto puede generar.
A pesar del consenso en torno a la necesidad de actuar, las propuestas presentadas —desde una mayor represión penal hasta la reflexión educativa— parecen moverse en direcciones distintas. Mientras tanto, el dolor por la pérdida de María Fernanda sigue siendo una herida abierta para el país.