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La promesa de una transformación profunda del transporte no es nueva. Fue anunciada por primera vez hace más de un año, y un borrador circuló informalmente a fines de 2024, en plena época festiva. Desde entonces, se habla de un plan ambicioso, pero sin respuesta clara sobre cómo se sostendrá financieramente. La gran incógnita sigue siendo la misma: ¿de dónde saldrá el dinero para llevar adelante la reforma?
La propia ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, había afirmado en reiteradas ocasiones que se requeriría una inversión inicial cercana a los 300 millones de dólares. Esta cifra fue mencionada tanto en reuniones técnicas como durante la presentación del presupuesto del MOPC ante el Congreso. Según la versión oficial, ese monto estaría garantizado gracias a una supuesta negociación favorable del presidente Santiago Peña sobre el acuerdo de Itaipú, pero hasta la fecha no existe ningún desembolso confirmado ni documentación que sustente esa versión.
En los planes del MOPC está contemplada la compra de unos 1.000 buses nuevos, cuya adquisición sería mediante licitación pública, con el mantenimiento incluido en los contratos. Posteriormente, se prevé que la operación de las unidades sea adjudicada a diversas empresas privadas, también por medio de llamados públicos.
Durante la última reunión tripartita entre el Gobierno, empresarios y trabajadores del sector, realizada en el Ministerio de Trabajo para desactivar la medida de fuerza, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, fue consultado nuevamente sobre el origen de los fondos para la reforma. Su respuesta fue breve, sin mayores precisiones: el sistema, aseguró, será financiado a través de la tarifa técnica.
"La tarifa técnica es el elemento central. Así como en cualquier mercado hay precios, la tarifa técnica es nuestra herramienta para sostener el sistema. A través de ella se incluyen tanto componentes de subsidio como del pasaje que paga el usuario", explicó Fernández.
