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La tensión se instaló a fines de septiembre, cuando representantes de funcionarios y empleados judiciales anunciaron una "movilización nacional" en reclamo de un reajuste postergado por más de una década. Los sindicatos alegan que la pérdida del poder adquisitivo superó el 180 % y piden al menos un 20 % de compensación como piso para empezar a corregir la brecha.
El presupuesto 2026 de la Corte y el nudo del debate
El 6 de octubre, la Corte Suprema presentó ante la Bicameral un proyecto de presupuesto que supera los G. 2,3 billones, 34 % más que el vigente. El plan incluye creación de 891 cargos y un esquema de aumentos escalonados para funcionarios (20 %, 10 % y 5 % según rangos salariales), además de nivelaciones para cargos técnicos. La Corte sostiene que el refuerzo es imprescindible para sostener la demanda creciente y mejorar la calidad del servicio de justicia.
14 años sin reajuste: el reclamo que unifica a los gremios
Las organizaciones sindicales machacan que no hay reajuste para funcionarios judiciales desde hace 14 años, mientras otras reparticiones del Estado sí obtuvieron incrementos. Dirigentes detallan que hay ujieres, notificadores y dactilógrafos con ingresos que, tras descuentos, quedan por debajo del salario mínimo legal; estiman que más de 4.000 trabajadores están en esa condición. Exigen equiparación salarial y un cronograma creíble de recuperación.
Señal política: movilización y posible paro
En entrevistas recientes, la presidenta del Sindicato de Funcionarios Judiciales advirtió que el gremio optó por el diálogo, pero que la "desesperación" podría forzar un cambio de estrategia si el Congreso recorta el pedido de la Corte. Por eso, convocaron a una asamblea para el 1 de noviembre: allí definirán medidas "escalonadas", con la opción de un cese total de actividades del Poder Judicial a nivel país si no hay respuesta favorable. El mensaje a los legisladores es explícito: sin recursos para salarios, habrá conflicto.
¿Qué está en juego?
La discusión no es solo salarial. El paquete incluye cargos nuevos y nivelaciones, y se inserta en un debate más amplio sobre la modernización de la justicia: cobertura territorial, tiempos de trámite, digitalización, y retención de perfiles técnicos. Para la Corte, el refuerzo es condición de base; para los gremios, es el punto de partida de una reparación histórica luego de 14 años de congelamiento. Para el Congreso, el dilema es fiscal y político: aceptar el 34 % o recortar, con el costo de prolongar un conflicto que puede paralizar el servicio de justicia.
Termómetro social y horizonte inmediato
Las advertencias de movilización y paro se reactivaron en varios medios, con el dato —políticamente sensible— de que el primer ajuste en 14 años llegaría recién en 2026 si el Congreso acompaña. En paralelo, los gremios siguen con "lobby" en el Congreso para blindar la partida salarial frente a la tentación de recortes. El calendario es acotado: la asamblea del 1 de noviembre puede convertir el malestar en un plan de lucha formal.
