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La Fiscalía solicitó además la prisión preventiva para todos los procesados y un plazo de seis meses para llevar adelante la investigación.
Los fiscales intervinientes atribuyen a los imputados cinco hechos punibles: perturbación de la paz pública, resistencia, tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y daño a obras construidas o a medios técnicos de trabajo. Según el escrito presentado ante el Juzgado Penal de Garantías, la gravedad de los delitos y la alta expectativa de pena justifican la aplicación de la medida cautelar más severa, al considerar que los procesados no cuentan con arraigo suficiente que garantice su sometimiento al proceso judicial.
El conflicto se desató cuando un grupo de campesinos sin tierra irrumpió de forma violenta en la estancia Toro Vevé con la intención de llegar hasta Lucipar, ubicada en el departamento de San Pedro. Durante el episodio, el propietario del establecimiento, Pedro Galli, denunció haber sido víctima de un atropello y de un intento de homicidio, asegurando que tanto su vida como la de los trabajadores estuvieron en riesgo durante el ingreso forzado.
El operativo policial desplegado en la zona derivó en la aprehensión de 52 personas. De ese total, 23 mujeres fueron liberadas pocas horas después del procedimiento, mientras que los 29 hombres restantes permanecen privados de libertad y ahora enfrentan el proceso penal por los hechos atribuidos.
El caso generó una fuerte repercusión política y social debido a que los campesinos intentaban avanzar hacia un inmueble que formó parte del patrimonio incautado al narcotraficante Cabeza Branca, una de las figuras más emblemáticas del crimen organizado en la región. Las autoridades sostienen que el intento de ocupación fue planificado y que los detenidos actuaron de manera coordinada, enfrentando incluso a la fuerza pública durante el procedimiento.
Mientras avanza la investigación, se aguardan las resoluciones judiciales sobre la situación procesal de los imputados, en un contexto de alta tensión en la zona norte del país, donde los conflictos por la tierra y los operativos de seguridad vuelven a ocupar el centro de la agenda pública.
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