PolíticaConflicto por tierra
La jornada de ayer dejó en evidencia que el conflicto por la estancia Lucipar alcanzó su nivel más crítico: enfrentamientos entre policías y campesinos, disparos de balines de goma, corridas y heridos marcaron el intento de miles de familias por ocupar el predio administrado por el Estado. El estallido fue el resultado de semanas de advertencias, años de reclamos acumulados y una respuesta estatal que optó por el despliegue de fuerza antes que por un acuerdo político. Lo ocurrido en Santa Rosa del Aguaray ya no es solo una disputa territorial: es un síntoma profundo de la crisis agraria paraguaya.
El día en que todo estalló
El punto límite se alcanzó a primeras horas de este viernes, cuando una caravana de campesinos llegó hasta las inmediaciones de la exestancia Lucipar. La Policía Nacional ya había rodeado el lugar desde la madrugada, con más de 700 agentes, carros tácticos, barreras y retenes apostados sobre los principales accesos del distrito de Santa Rosa del Aguaray.
Según testigos, tres camiones con campesinos intentaron avanzar hacia la zona de Lucipar utilizando un desvío que conduce a la exestancia Toroveve. La maniobra buscaba evitar la barrera principal instalada por la policía. Cuando los vehículos aceleraron para pasar, los agentes abrieron fuego con balines de goma y lanzaron gases para frenar el avance. Se produjeron corridas, gritos, heridos y escenas de desorden que se multiplicaron rápidamente en videos difundidos por redes sociales.
La tensión se extendió durante toda la jornada. Los dirigentes campesinos denunciaron represión excesiva, mientras la Policía justificó el uso de la fuerza para impedir lo que consideran un ingreso no autorizado a un inmueble bajo administración estatal. Hasta el cierre de la tarde se reportaron heridos, detenciones momentáneas y la dispersión parcial de la columna que intentaba llegar al predio.
Cómo se gestó el conflicto y por qué desembocó en violencia
La ocupación no surgió de manera improvisada. Durante semanas, varias organizaciones campesinas anunciaron que marcharían más de 40 kilómetros para llegar a Lucipar, un inmueble de 11.000 hectáreas incautado al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y que actualmente se encuentra bajo administración de la Senabico.
Los campesinos sostienen que la tierra debe ser adjudicada a familias rurales sin tierra, alegando que está subutilizada y que el Estado la mantiene en un limbo administrativo que no soluciona ninguna necesidad social. Sostienen que agotaron instancias de diálogo y reclaman una respuesta definitiva.
Las advertencias fueron acumulándose: la Policía anunció que impediría el paso; el Ministerio del Interior ordenó un despliegue masivo de uniformados; la Fiscalía imputó a varios dirigentes por apología del delito debido a los llamados públicos a ocupar el inmueble. En los días previos se realizaron detenciones que aumentaron la indignación del grupo movilizado.
Finalmente, la tensión acumulada estalló por la mañana, cuando la columna de campesinos intentó sortear los retenes. El choque entre la fuerza pública y las familias movilizadas se convirtió en la postal más cruda de una crisis que combina pobreza rural, falta de tierra, manejo político de bienes incautados y confrontación directa entre Estado y ciudadanía.
Qué reclaman las familias movilizadas
Los grupos que integran la movilización articulan un reclamo que, según ellos, tiene raíces históricas.
-Adjudicación de una parte de las tierras de Lucipar para familias campesinas sin tierra.
-Un proceso transparente y sin intermediarios.
-Que el Estado priorice el uso social de bienes incautados.
-Acceso a tierra para producir y sostener comunidades rurales.
Afirman que las tierras confiscadas al crimen organizado deben tener un destino social y denuncian que, en el pasado, varias propiedades incautadas terminaron arrendadas a terceros sin beneficio para las familias de escasos recursos.
Dirigentes de la marcha declararon que no buscan invadir, sino ocupar un inmueble que, según ellos, debe ser destinado a proyectos de producción agrícola, vivienda y sustento para quienes viven hace décadas en extrema precariedad.
La postura del Estado, la Fiscalía y la Policía
La Policía Nacional sostiene que su labor es evitar el ingreso no autorizado a un inmueble administrado por el Estado y preservar el orden público. Desde el Ministerio del Interior se defendió la magnitud del operativo, argumentando que el objetivo es prevenir enfrentamientos mayores y proteger tanto a los campesinos como a los agentes.
La Fiscalía, por su parte, mantiene imputaciones contra dirigentes campesinos por apología del delito, afirmando que convocar públicamente a ocupar un inmueble constituye un hecho punible.
La Senabico señala que las tierras de Lucipar continúan en procesos judiciales y administrativos, y que cualquier adjudicación debe respetar las normas y resoluciones vigentes. Asegura que no se pueden asignar hectáreas sin un procedimiento legal que garantice transparencia y control.
