Fiscalía busca llevar a juicio a hijo de "Lalo" Gomes, Óscar Tuma y dos escribanas por presuntas maniobras para ocultar bienes
La causa gira en torno a una supuesta operación destinada a impedir el decomiso de bienes que estaban alcanzados por restricciones judiciales.
Los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez sostienen que Alexandre Rodrigues Gomes habría impulsado una serie de transferencias de cuatro inmuebles situados en Pedro Juan Caballero y ocho vehículos que integraban su patrimonio, pese a que sobre esos bienes pesaban medidas cautelares que prohibían su venta o cesión. Según la hipótesis fiscal, el objetivo era evitar que dichos activos fueran finalmente decomisados por el Estado dentro del proceso por presuntos vínculos con hechos de narcotráfico y asociación criminal.
La acusación atribuye al hijo del exlegislador los supuestos delitos de lavado de activos, en la modalidad de frustración del comiso, además de producción y utilización de documentos públicos con contenido falso. Para la Fiscalía, el acusado actuó sabiendo que existían restricciones judiciales sobre sus bienes y que, al colocarlos a nombre de terceros, dificultaba o impedía que fueran incorporados al patrimonio estatal mediante el comiso.
Los investigadores también sostienen que parte de esas operaciones se concretó mediante escrituras públicas que contenían información falsa. En ese contexto, afirman que las escribanas procesadas habrían certificado hechos que no ocurrieron, a pedido de Rodrigues Gomes, permitiendo así avanzar con las transferencias cuestionadas.
En cuanto al abogado Óscar Tuma, el Ministerio Público le atribuye haber recibido cuatro inmuebles como forma de pago por honorarios profesionales, pese a conocer —según la acusación— que su cliente se encontraba inhibido judicialmente para disponer de esos bienes. Los fiscales consideran que, al aceptar la transferencia, colaboró para impedir que esas propiedades pudieran ser objeto de decomiso dentro del proceso penal.
La acusación sostiene que, debido a su condición de defensor legal de Rodrigues Gomes, Tuma estaba plenamente al tanto de las medidas cautelares que afectaban a su cliente y de la prohibición para transferir los inmuebles. En ese sentido, concluye que su actuación habría sido consciente y orientada a frustrar la futura incautación de esos bienes por parte del Estado.
Respecto de la escribana Blanca Rossana Ozuna Leguizamón, la investigación señala que intervino en la elaboración de un poder general otorgado por Faustino Aguayo, condenado por narcotráfico, documento que posteriormente habría sido utilizado en otras operaciones de transferencia. Asimismo, se le atribuye haber formalizado escrituras fechadas en abril de 2025 que supuestamente fueron otorgadas por Rosa Catalina Domínguez, aunque la mujer había fallecido cinco años antes.
Para los fiscales, la profesional conocía la falsedad de los hechos consignados en esos documentos al momento de autorizarlos y posteriormente utilizarlos para su inscripción en los registros correspondientes.
En el caso de la escribana María Luisa Verón de Jara, la acusación afirma que intervino en la transferencia de cuatro vehículos mediante escrituras públicas elaboradas en septiembre de 2024. Entre los rodados figuran un camión Iveco Tector, una camioneta Dodge 2500, una Toyota Land Cruiser y una Ford F-100, que fueron cedidos a favor de terceros.
La Fiscalía sostiene que esos documentos consignaban falsamente que Alexandre Rodrigues Gomes había comparecido personalmente en la escribanía de Areguá acompañado de su esposa para concretar las operaciones, cuando en realidad permanecía recluido en la Penitenciaría Nacional de Encarnación y no había salido del establecimiento penitenciario en esas fechas.
La investigación también indica que los protocolos notariales ni siquiera contenían la firma de Rodrigues Gomes. A pesar de esa supuesta irregularidad, las copias fueron expedidas y utilizadas para inscribir los vehículos en el Registro del Automotor. Sobre esa base, el Ministerio Público concluye que los documentos fueron confeccionados con datos falsos y utilizados deliberadamente para dar apariencia de legalidad a las transferencias cuestionadas.