Filizzola renuncia a Comisión Nacional de Refugiados por polémico acuerdo firmado con EE. UU.
Según explicó en su nota dirigida a la presidencia del Senado, el documento fue suscripto por el secretario ejecutivo de la CONARE sin consulta alguna a los integrantes de la comisión y sin que se le haya remitido copia del mismo.
Filizzola cuestionó duramente que se haya suscrito un memorándum con los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional norteamericanos sin la debida tramitación por Cancillería ni la posterior ratificación del Congreso, tal como exige la Constitución Nacional para todo convenio internacional que afecte la soberanía, jurisdicción o compromisos internacionales del país. Consideró que este proceder desconoce el carácter colegiado de la CONARE y vulnera la legalidad institucional.
El legislador subrayó que, aun cuando el documento fue presentado como un simple "memorando" y no como tratado formal, genera obligaciones prácticas y expectativas políticas que no pueden pasarse por alto. Al no haber sido discutido públicamente en el Parlamento, se elimina todo debate sobre derechos humanos, capacidad administrativa e impacto institucional, además de comprometer recursos del Estado paraguayo sin la debida autorización.
En su declaración pública, Filizzola recordó que el gobierno de Peña firmó este acuerdo para que Paraguay reciba con carácter de asilo político a personas rechazadas por Estados Unidos, medida que despertó un amplio rechazo en distintos sectores del país. Para la oposición, la decisión fue deliberada y compromete a Paraguay a recibir a individuos potencialmente indeseados o con antecedentes negativos, lo que podría traer consecuencias graves en materia de seguridad y soberanía.
"En estas condiciones no puedo validar con mi presencia este acto ni representar responsablemente al Senado", sostuvo Filizzola, remarcando que su carácter de legislador le impide convalidar un procedimiento que, a su juicio, vulnera la Constitución y menoscaba la representación parlamentaria. Su renuncia a la CONARE marca un nuevo capítulo en la controversia generada por este acuerdo internacional, que ya se perfila como uno de los temas más candentes del gobierno de Santiago Peña.
