Exigen transparentar estructura de costos de combustibles
La senadora Esperanza Martínez presentará mañana un proyecto que obliga a emblemas y distribuidoras -incluida la estatal Petropar- a desglosar públicamente sus estructuras de costos, volúmenes y precios. La iniciativa responde a la escalada de ajustes arbitrarios que afectan el bolsillo de toda la sociedad.
En la última quincena de junio, estaciones privadas -Compasa, Petrosur, Energy, Tega Oil, Fuelpar, Corona, Shell y Copetrol- impulsaron alzas de entre G. 700 y G. 800 por litro en combustibles, basándose en supuestas "tensiones internacionales" por conflictos en Oriente Medio.
Pese a que el precio del barril Brent y del petróleo se estabilizaron rápidamente en torno a los USD 68-70, y el tipo de cambio paraguayo apenas osciló un 1 % desde marzo, los precios locales no retrocedieron. Ante esta disparidad, la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) inició un expediente investigativo sobre posibles prácticas colusorias, con la advertencia de multas de hasta el 20 % de la facturación de los emblemas implicados.
Petropar: promesa de regulación caída
Petropar se había mantenido firme en su promesa de no subir precios por al menos tres meses, buscando amortiguar los efectos de los aumentos privados. Sin embargo, en un giro inesperado, la estatal anunció un ajuste de G. 380 por litro, argumentando que la presión internacional y el agotamiento del stock barato ya habían hecho mella.
De ese modo, el diésel Porã pasó de G. 6.920 a G. 7.300 y el diésel Mbarete de G. 8.720 a G. 9.100. En el caso de las naftas, los precios quedaron en G. 6.240 (Kape 88), G. 6.740 (Oikoite 93) y G. 8.090 (Aratirí 97).
El argumento oficial apeló a "gestión eficiente" y "compras anticipadas", junto con una mayor demanda derivada de la brecha de precios, pero aclararon que aún mantienen valores inferiores al promedio privado, aproximadamente G. 300 más baratos por litro .
Contexto socioeconómico: un golpe directo al ciudadano
Este aumento se produce en medio de una economía golpeada por la inflación y la pérdida constante del poder adquisitivo. El impacto se siente en todos los sectores: transporte, producción y canasta familiar. El Banco Central registró un alza del 3,2 % en el precio promedio de combustibles durante junio, con la nafta común subiendo hasta 5,2 %.
Para los hogares y las pymes, estas variaciones representan un riesgo real a su sostenibilidad financiera. El combustible constituye un costo clave en logística, traslado y producción, amplificando efectos en cadena sobre todos los sectores económicos.
Proyecto de ley: transparencia y control ciudadano
La senadora Esperanza Martínez presentará un proyecto titulado "Que establece la transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializados al público en la República del Paraguay".
La iniciativa contempla:
Publicación pública, accesible y actualizada del desglose de costos de cada actor de la cadena: importación, distribución y venta minorista; volúmenes y precios.
Separación explícita entre gastos operativos (transporte, seguros, almacenamiento) y márgenes netos de ganancia.
Declaraciones juradas y auditorías externas, con fiscalización del Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de Defensa del Consumidor y Conacom.
Sanciones claras para incumplimientos, incluidas multas de hasta el 20 % de la facturación en caso de ocultar información relevante.
Datos desagregados por emblema, región y tipo de combustible.
Según Martínez, "el combustible es un recurso estratégico que impacta en el transporte, los precios de otros productos y el bolsillo. En un mercado con pocos actores, estos aumentos son difíciles de explicar".
Voces de peso respaldan la iniciativa
Victorio Oxilia Dávalos, experto en energía, sostiene que los recientes aumentos privados no tienen fundamento en la realidad internacional, dado que los precios Brent ya se habían normalizado.
Ricardo Gavilán, director de investigación de Conacom, señaló que la investigación está en curso y la normativa podría conllevar fuertes multas si se detectan prácticas anticoncurrenciales.
Desde la Cámara de Senadores, parlamentarios de diversos partidos apoyan la medida como una herramienta ética y social, más allá de su dimensión económica.
¿Llega la rendición de cuentas?
El anuncio de la ley de transparencia coincide con un momento crítico: la ciudadanía exige respuestas sobre por qué los precios suben sin reflejo en el mercado internacional, por qué una estatal comprometida con estabilizar precios revirtió su promesa, y por qué los privados mantienen valores elevados a pesar de que las razones aducidas ya no se sostienen.
Si el proyecto avanza, Paraguay podría convertirse en uno de los primeros países de la región en exigir desglose completo de la formación del precio de los combustibles, fortaleciendo la regulación, frenando especulaciones y devolviendo al consumidor el derecho a saber.
La balanza está en manos del Congreso y de los entes reguladores. Pero la sociedad ya ha hecho su parte: exigió claridad y abrió el camino para que la política responda con transparencia.