PolíticaAmbiental
La iniciativa, promovida por el diputado oficialista José Ramón Rodríguez, busca eliminar la categoría de área silvestre protegida bajo dominio público que actualmente resguarda al parque nacional ubicado en el Chaco paraguayo. El proyecto reactivó una fuerte discusión ambiental, social y política en el Congreso, donde organizaciones ecologistas, sectores de oposición y ahora incluso el propio órgano ambiental del Estado expresaron su desacuerdo con la propuesta.
La diputada Johanna Ortega confirmó que el Mades remitió un dictamen a la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja recomendando que el proyecto no avance. La legisladora señaló que la postura de la institución ambiental coincide con la mantenida durante el periodo legislativo pasado, cuando una iniciativa similar ya había sido frenada.
El documento oficial del ministerio apareció en medio de una audiencia pública desarrollada en el Congreso, donde referentes ambientalistas y defensores de territorios indígenas cuestionaron duramente la intención de flexibilizar la protección del parque.
Ortega sostuvo que el dictamen representa un elemento suficiente para que la Comisión de Ambiente emita también una recomendación de rechazo. Adelantó además que impulsará esa postura junto con otros sectores opositores dentro de la Cámara de Diputados.
La discusión todavía no ingresó a una etapa decisiva dentro del circuito legislativo, ya que además de la Comisión de Ambiente, el proyecto también fue remitido a las comisiones de Legislación y de Minas y Energía, instancias que aún no fijaron posición.
El debate gira en torno a una de las zonas ecológicas más sensibles del país. Médanos del Chaco fue declarado parque nacional en 2016, aunque existen antecedentes legales anteriores relacionados con autorizaciones para actividades vinculadas a hidrocarburos en la región desde la década de 1980.
Los cuestionamientos al proyecto no se limitan únicamente al riesgo ambiental. Sectores críticos advierten sobre posibles impactos sobre comunidades indígenas que continúan viviendo en aislamiento en áreas cercanas al parque y cuya preservación depende directamente de la conservación del ecosistema.
Además, desde la oposición recuerdan que Paraguay obtuvo financiamiento internacional y cooperación económica para fortalecer políticas de conservación en la zona protegida. Parte de esos recursos fueron destinados a instituciones estatales encargadas de la gestión ambiental y forestal.
La controversia vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre explotación de recursos naturales y preservación ambiental en el Chaco, una región que en los últimos años enfrentó fuertes cuestionamientos internacionales por el avance de la deforestación y la presión sobre territorios protegidos.
Con el dictamen del Mades sobre la mesa, el oficialismo enfrenta ahora un escenario más complejo para intentar avanzar con una propuesta que ya comenzó a generar resistencia tanto dentro como fuera del Congreso.
