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El proyecto impulsado en Diputados vuelve a colocar bajo amenaza a una de las áreas silvestres más frágiles del país. La propuesta busca modificar la ley de protección del Parque Nacional Médanos del Chaco para permitir actividades de prospección, exploración y eventual explotación de hidrocarburos, en medio del rechazo de organizaciones ambientales e indígenas y el respaldo de sectores empresariales que hablan de desarrollo energético.
El Parque Nacional Médanos del Chaco vuelve a estar en el centro de una pulseada que excede lo ambiental y se instala de lleno en el terreno político, económico e institucional. Un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados pretende modificar los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016, que declaró al área como silvestre protegida bajo dominio público, para habilitar de manera excepcional actividades de prospección, exploración y eventual aprovechamiento de recursos naturales dentro del parque.
La iniciativa fue presentada por el diputado colorado José Ramón Rodríguez Maciel y reabre una discusión que ya había sido rechazada en el 2023. En aquel momento, el intento de permitir la explotación de hidrocarburos dentro del Parque Nacional Médanos del Chaco terminó archivado tras una fuerte presión de organizaciones ambientales, comunidades indígenas y sectores ciudadanos. Ahora, el debate retorna con un argumento similar: compatibilizar conservación con exploración energética.
Un parque nacional bajo presión
El Parque Nacional Médanos del Chaco no es un territorio cualquiera. Es la única área protegida que resguarda el ecosistema de médanos en Paraguay y forma parte de la Reserva de la Biósfera del Chaco. El propio registro ambiental oficial señala que su objetivo es proteger una muestra representativa de la ecorregión Médanos, sus comunidades naturales y paisajísticas.
El área es clave para la conservación de especies emblemáticas y amenazadas. Organizaciones ambientales remarcan que allí se encuentran especies como el yaguareté, el taguá, el tatú carreta y las únicas poblaciones registradas de guanaco en el país. También se destaca su relación con la naciente del río Timane y el acuífero Yrenda, considerado fundamental para la vida y los sistemas productivos del Alto Chaco.
La discusión, por tanto, no gira solamente en torno a la posibilidad de extraer gas o petróleo. El fondo del conflicto es si un parque nacional, creado justamente para excluir actividades de alto impacto, puede ser modificado por presión política y empresarial para permitir intervenciones que hoy están prohibidas.
El argumento del proyecto: exploración "controlada"
El proyecto plantea que las actividades podrían ser autorizadas de forma excepcional, bajo condiciones de mitigación ambiental, planificación territorial, delimitación de zonas específicas y control del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. La exposición de motivos sostiene que el parque se encuentra en una región con indicios técnicos de potencial hidrocarburífero y mineral, pero que la normativa actual impide cualquier actividad vinculada a prospección o exploración.
Sus defensores intentan presentar la propuesta como una vía intermedia: no eliminar el carácter protegido del parque, sino flexibilizarlo. Sin embargo, para los sectores ambientalistas, esa supuesta excepción abre una puerta peligrosa. La advertencia central es que, una vez habilitado el principio de intervención dentro de un parque nacional, el precedente podría ser utilizado para debilitar otras áreas silvestres protegidas.
Audiencia pública y choque de posturas
La audiencia pública realizada en Diputados dejó expuestas las dos posiciones. Por un lado, organizaciones indígenas y ambientales pidieron rechazar el proyecto por considerar que representa una amenaza directa al ecosistema y a los pueblos que habitan o dependen del territorio. Por otro lado, representantes empresariales y productivos defendieron la posibilidad de explorar recursos energéticos con controles técnicos.
Durante el debate, líderes indígenas expresaron su rechazo a la propuesta y advirtieron que podría afectar de manera directa a cerca de mil nativos de tres pueblos. También recordaron que cualquier iniciativa legislativa que afecte territorios ancestrales debe pasar por un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Este punto es uno de los más sensibles. La Coalición Por Los Bosques sostiene que no existe evidencia de que se haya realizado ese proceso de consulta, pese a que el parque es territorio ancestral y de uso actual de pueblos Guaraní Ñandéva y Ayoreo, incluyendo la presencia de grupos ayoreo en aislamiento.
El interés empresarial detrás del gas
En la audiencia también aparecieron voces a favor de la explotación. Representantes del sector productivo defendieron la necesidad de aprovechar el potencial energético del Chaco y hablaron de desarrollo, royalties e infraestructura. Uno de los argumentos más repetidos es que Paraguay no debería seguir importando gas si existen reservas propias que podrían ser utilizadas bajo tecnología moderna.
El caso de la firma Primo Cano Martínez volvió a aparecer en el debate. La empresa está vinculada al bloque Gabino Mendoza, de unas 40.000 hectáreas, y su proyecto quedó frustrado con la declaración del área como protegida. Ese antecedente muestra que el debate no es abstracto: hay intereses concretos sobre zonas específicas del parque y sobre eventuales beneficios económicos derivados de la explotación.
Desde sectores agropecuarios se insiste en que la intervención sería mínima y que incluso podría realizarse con exploración satelital o perforaciones de bajo impacto. Pero los ambientalistas rechazan esa lectura y sostienen que el problema no es solo la superficie intervenida, sino el cambio de categoría práctica del parque: de área de conservación estricta a territorio disponible para actividades extractivas.
Un intento que ya fue derrotado
El proyecto actual no surge de la nada. En el 2022, Diputados ya había dado media sanción a una propuesta que buscaba modificar la ley de protección del parque. Luego, el Senado la rechazó y en junio del 2023 Diputados terminó archivando la iniciativa al no reunir los votos necesarios para ratificarse.
Aquel antecedente es clave porque demuestra que el debate ya fue saldado institucionalmente una vez. Sin embargo, el nuevo proyecto vuelve con una estrategia similar y en un escenario político distinto, marcado por la fuerte hegemonía del oficialismo cartista en el Congreso.
La preocupación de las organizaciones ambientales es que el cartismo y sus aliados puedan utilizar su mayoría legislativa para reabrir un camino que ya había sido cerrado. De ahí que el proyecto sea leído no solo como una discusión técnica sobre energía, sino como una prueba de fuerza política sobre los límites de la protección ambiental.
La línea roja ambiental
La Coalición Por Los Bosques, integrada por decenas de organizaciones, pidió el rechazo del proyecto y advirtió que permitir prospección, exploración o explotación dentro de un parque nacional sería un retroceso grave para la política ambiental del país. La organización sostiene que el Parque Nacional Médanos del Chaco protege más de 605.000 hectáreas de un ecosistema singular y extremadamente frágil.
El punto más fuerte de la crítica es que el parque no fue creado para ser administrado como un área de uso extractivo, sino para conservar un ecosistema único. Cambiar la ley para permitir actividades de hidrocarburos implicaría alterar el sentido mismo de la protección legal.
La tensión de fondo es evidente: mientras el sector empresarial habla de oportunidad energética, las organizaciones ambientales e indígenas denuncian un intento de convertir un patrimonio natural en zona de negocio.
El riesgo del precedente
El mayor temor no se limita al Parque Médanos. Si el Congreso habilita la explotación en un parque nacional, el precedente podría abrir la puerta a futuras modificaciones en otras áreas protegidas. Ese es el núcleo de la advertencia ambiental: no se trataría solo de un caso aislado, sino de una señal institucional de que ninguna reserva está completamente blindada frente a intereses económicos.
En un país donde la deforestación, el avance agroganadero y la debilidad de los controles ambientales ya golpean con fuerza al Chaco, la modificación legal aparece como una amenaza adicional. El parque funciona como refugio de biodiversidad, zona de resguardo cultural indígena y barrera natural en una región sometida a presión permanente.
Una pulseada que recién empieza
El debate quedó reactivado y ahora la pelota está en manos del Congreso. El proyecto deberá atravesar comisiones, dictámenes y eventuales votaciones, pero la audiencia pública ya dejó claro que no será una discusión menor.
De un lado se ubican quienes plantean que el país debe aprovechar su potencial hidrocarburífero y que el desarrollo energético puede hacerse con controles. Del otro, comunidades indígenas, organizaciones ambientales y sectores ciudadanos advierten que un parque nacional no puede ser relativizado cada vez que aparece una promesa de negocio.
El Parque Nacional Médanos del Chaco vuelve así a quedar en la mira. Y la pregunta de fondo es si el Congreso protegerá un territorio creado para conservar uno de los ecosistemas más singulares del país o si abrirá una grieta legal para que el interés extractivo avance sobre una de las últimas grandes reservas naturales del Chaco paraguayo.
