Escalada delictiva pone en alerta máxima a la frontera
Mientras el oficialismo habla de "guerra" y de un país blindado, el analista en inteligencia y seguridad José Amarilla advierte que el CV nunca abandonó Paraguay y que lo que se viene puede ser una escalada delictiva y un desplazamiento de la violencia hacia la frontera seca, más que una simple fuga de criminales desde Brasil.
La masacre de Río que reconfigura el tablero regional
El 28 de octubre se lanzó en Río de Janeiro la llamada Operación Contención, un megaoperativo policial en los complejos de Penha y Alemão, en la zona norte de la ciudad, con unos 2.500 agentes desplegados para golpear al Comando Vermelho. El resultado: más de 120 muertos —algunas fuentes ya hablan de alrededor de 130—, decenas de detenidos e incautaciones masivas de fusiles y municiones, en lo que ya se considera la operación policial más sangrienta en la historia del estado de Río.
La masacre, bautizada en buena parte de la prensa brasileña como la "Masacre de Río", volvió a poner en el centro del debate la vieja fórmula de la "guerra contra las drogas": irrupciones masivas en favelas, cuerpos apilados en las calles, denuncias de ejecuciones, y una población civil atrapada entre el crimen organizado y un Estado que responde con fuego.
En ese contexto, gobiernos de la región reaccionaron rápidamente. Argentina declaró alerta máxima en sus fronteras con Brasil para evitar el posible ingreso de fugitivos del Comando Vermelho, con foco especial en la Triple Frontera. Paraguay, por su parte, decidió ir más allá en el plano discursivo y normativo.
Peña eleva la apuesta: terroristas y blindaje militar en la frontera
Tras los hechos en Río y episodios de violencia en zonas como Catueté, el Consejo de Defensa Nacional se reunió en Asunción y resolvió elevar al máximo la alerta en toda la franja fronteriza, con énfasis en Amambay, Canindeyú y Alto Paraná. El presidente Santiago Peña ordenó reforzar con más personal y medios a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Migraciones, y adelantó que el país declararía como organizaciones terroristas al PCC y al Comando Vermelho.
Poco después, se oficializó por decreto la designación de ambas facciones criminales brasileñas como grupos terroristas, en línea con un giro discursivo que busca presentar el combate al crimen organizado regional bajo la etiqueta de "terrorismo", con todas las implicancias políticas, jurídicas y simbólicas que eso supone.
En paralelo, el Gobierno anunció la Operación Escudo Guaraní: más de 4.000 militares serán desplazados a los puestos fronterizos, en especial con Brasil y Argentina, para reforzar la vigilancia y el control frente a las amenazas del crimen organizado y el terrorismo.
Sobre el papel, el mensaje es claro: máxima alerta, fronteras blindadas y tolerancia cero a cualquier intento de desborde desde Río de Janeiro hacia territorio paraguayo. Pero José Amarilla pone matices incómodos a ese relato.
Amarilla recuerda que el Comando Vermelho nunca abandonó Paraguay
El analista de inteligencia y seguridad José Amarilla recordó que el Comando Vermelho no es un actor "nuevo" para Paraguay: su presencia se remonta por lo menos a la década de los 80, en una red que conecta Brasil, Paraguay, Bolivia y Colombia, con la marihuana y la cocaína como ejes centrales del negocio.
Amarilla recorre algunos hitos que, a su criterio, prueban que el CV nunca dejó de operar en el país: la detención en 2018 de Jorge Teófilo Samudio González, alias "Samura", considerado jefe logístico de la organización, seguida de su espectacular rescate en un operativo que terminó con el asesinato del comisario Félix Ferrari; la captura en 2023 del traficante de marihuana Rodrigo de Abreu en Capitán Bado; y la detención, este año, de Orlando dos Santos, también vinculado al CV.
Su lectura es tajante: esos episodios muestran que el Comando Vermelho mantuvo estructuras operativas en territorio paraguayo incluso antes de la masacre de Río y que, lejos de haberse retirado, ha seguido utilizando el país como plataforma logística para drogas, armas y lavado. No se trata solo de "fugitivos" que podrían cruzar la frontera después de la Operación Contención, sino de una red ya instalada en la región fronteriza.
Más violencia, no menos: lo que muestra la experiencia brasileña
A diferencia de voces oficiales que intentan reducir el problema a un riesgo de fuga puntual, Amarilla sostiene que la experiencia brasileña muestra otro patrón: después de golpes de gran escala contra facciones como el Comando Vermelho, suelen registrarse picos de violencia, no necesariamente una calma sostenida.
El analista recuerda, por ejemplo, que tras operativos de la policía militar en el Complexo Penha en 2022, el número de tiroteos en Río de Janeiro se disparó en más de 40%. Para él, la lógica es conocida: las bandas responden con represalias, reacomodan mandos, abren nuevos frentes de disputa territorial y diversifican delitos para compensar pérdidas económicas.
En ese marco, Amarilla advierte que, a corto plazo, Paraguay debería esperar una eventual escalada de asaltos callejeros, robos domiciliarios, secuestros exprés y hechos de sicariato, además de un posible desplazamiento geográfico del delito que incluya la frontera seca con nuestro país. No necesariamente una "invasión" de combatientes desde las favelas, sino un corrimiento de la violencia en distintas capas: desde el microtráfico y el contrabando hasta operaciones de alto impacto, como ya se vio en la historia reciente.
Frontera seca bajo presión y la ilusión del muro perfecto
Amarilla también desmonta la idea de que un despliegue masivo de militares en la frontera sea, por sí solo, garantía de seguridad. Recuerda que el verdadero mercado de consumo del Comando Vermelho está en Brasil y, en particular, en Río de Janeiro, donde existe una economía criminal consolidada en más de mil favelas oficialmente reconocidas. En la mayoría de esas comunidades, explica, funcionan redes delictivas muy estables que no necesitan "mudarse" en bloque a otro país.
Para el analista, el riesgo no pasa por una caravana de delincuentes cruzando la frontera como en una película, sino por la capacidad del CV de refugiar a cuadros específicos en territorio paraguayo, aprovechar debilidades institucionales, cooptar autoridades locales y seguir utilizando el país como corredor de drogas, armas y dinero. En ese escenario, un ejército en la línea fronteriza puede actuar como disuasivo parcial, pero no resuelve el problema de fondo: la permeabilidad del Estado y la existencia de estructuras criminales ya enraizadas.
El mensaje de Amarilla, leído en conjunto, es que la frontera seca no se "cierra" solo con patrullas y retenes. Se necesitan inteligencia criminal sofisticada, controles financieros, depuración institucional y coordinación real con los países vecinos. Y ahí es donde, a su juicio, Paraguay aún muestra flancos abiertos.
La guerra contra las drogas y el riesgo de repetir el desastre mexicano
En su análisis, Amarilla también conecta lo que ocurre hoy en Río y en la frontera paraguaya con un debate más amplio: el fracaso de la llamada "guerra contra las drogas" lanzada en los años 80. Señala que la experiencia de países como México, con más de 180.000 muertos vinculados a esa estrategia, obliga a repensar los resultados reales de una política basada casi exclusivamente en la represión militar y policial.
A partir de ese ejemplo, el experto alerta sobre el riesgo de que Paraguay repita un libreto que ya fracasó en otros países: apostar todo a decretos, etiquetas de "terrorismo" y despliegues militares, sin abordar el financiamiento de las organizaciones, el control del territorio, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la discusión internacional sobre la regulación de ciertos mercados ilegales.
Lejos de minimizar la amenaza de facciones como el CV y el PCC, Amarilla insiste en que el problema es de otra escala: es un sistema económico clandestino que mueve miles de millones de dólares al año, compra cargos, penetra instituciones y se adapta más rápido que el Estado. En ese tablero, un operativo espectacular o un decreto rimbombante pueden generar titulares, pero no necesariamente resultados duraderos.
Un conflicto regional que Paraguay no puede encarar solo
El análisis de José Amarilla coloca a Paraguay en el centro de un conflicto que ya es regional. Si Brasil lanza operaciones masivas como la de Río, Argentina declara alerta máxima en Misiones y refuerza su vigilancia, y el Gobierno de Peña sella alianzas para blindar la frontera, lo que se está configurando es un nuevo capítulo de la lucha contra el crimen organizado en el Cono Sur, con la Triple Frontera como escenario privilegiado.
Desde la mirada de Amarilla, Paraguay no puede darse el lujo de responder solo con gestos simbólicos. Reconocer que el Comando Vermelho nunca se fue del país, admitir la fragilidad del sistema penitenciario frente a facciones como el CV y el PCC, y entender que cada megaoperativo en Brasil puede traducirse en reacomodos violentos en la región, es el primer paso para diseñar una política de seguridad que vaya más allá de la foto de militares en la frontera.
Mientras el discurso oficial habla de una "guerra" recién declarada, el diagnóstico de José Amarilla es más crudo: el conflicto lleva años en marcha, el territorio paraguayo ya forma parte del mapa delictivo del Comando Vermelho y lo que se está jugando ahora no es solo evitar que crucen fugitivos, sino decidir si el país seguirá siendo un corredor cómodo para las facciones brasileñas o si, por fin, se animará a desarmar las bases económicas, políticas e institucionales que las sostienen.