El Gobierno puso en marcha un amplio proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante acuerdos de cooperación con los Estados Unidos que incluyen la compra de vehículos tácticos blindados, equipamientos militares, tecnología para el Ejército y una transformación doctrinal orientada al combate contra el crimen organizado y grupos considerados terroristas.
La operación policial en Río de Janeiro que dejó más de un centenar de muertos reconfiguró el mapa de la seguridad regional y empujó al Gobierno de Santiago Peña a declarar terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primer Comando da Capital (PCC), además de lanzar un despliegue militar sin precedentes en la frontera.
Tras la masacre de más de cien personas en Río de Janeiro, el Gobierno decidió elevar su respuesta y declaró terroristas a las facciones criminales brasileñas. La medida marca un quiebre en la política regional de seguridad y coloca a Paraguay como el primer país del Cono Sur en asumir una postura frontal ante el crimen transnacional que desborda las fronteras del Brasil de Lula da Silva.
El Ministerio de Defensa Nacional anunció el fortalecimiento de la Tercera División de Infantería, asentada en Ciudad del Este, como parte del proyecto de instalación de un centro de operaciones antiterrorista en Alto Paraná.
