PolíticaControversia que trasciende la esfera jurídica
La permanencia de Erico Galeano en la Cámara de Senadores, pese a su reciente condena a 13 años de prisión por tráfico de influencias, ha encendido una controversia que trasciende la esfera jurídica y pone en el centro del debate la legitimidad de nuestros representantes. Mientras sectores de la oposición exigen su expulsión, defensores de la institucionalidad advierten sobre los procedimientos y garantías que rigen en materia parlamentaria. El choque político y ético, más que estrictamente legal, revela fisuras profundas en la percepción ciudadana de la justicia y la política.
Para gran parte de la oposición y diversas organizaciones sociales, la permanencia de Galeano en el Senado es un agravio a la ética pública. Derlis Maidana, por ejemplo, señaló que la decisión de mantener al legislador en ejercicio "parece mucho más política que jurídica", en un momento en que la ciudadanía exige coherencia entre condena y sanción política. El señalamiento no es menor: implica cuestionar no solo el caso particular, sino la voluntad institucional de aplicar estándares de responsabilidad y moralidad en cargos de representación.
Reclamos
El reclamo incluye peticiones concretas. El movimiento Celeste Amarilla ha pedido formalmente la expulsión de Galeano del Senado, sosteniendo que "el pueblo está cansado de narco-políticos" y de representantes que, en lugar de legislar en favor del interés general, terminan manchados por vínculos con la corrupción y el crimen organizado. Esta narrativa, marcada por la indignación social, refleja un clima de desconfianza hacia las élites políticas que se perciben como impunes o desconectadas de las aspiraciones ciudadanas.
Incluso dentro del espectro oficialista hay voces que no guardan silencio. Manuel Cáceres ha afirmado que "Galeano no puede seguir legislando tras su condena", apuntando a la necesidad de que el órgano legislativo se regenere y actúe con mayor apego a la integridad del puesto. La crítica abarca no solo el caso individual, sino lo que representa: una oportunidad perdida para que el Congreso se coloque al frente de la exigencia ética que la sociedad reclama.
Desde el punto de vista jurídico, quienes defienden la permanencia de Galeano en su banca apelan a la presunción de inocencia sobre hechos no firmes o a la necesidad de agotar todas las instancias legales antes de aplicar sanciones políticas automáticas. Sin embargo, esta postura choca con una comprensión pública más exigente: no se trata solo de cumplir con una letra fría de la ley, sino de preservar la credibilidad de las instituciones que deberían ser ejemplo de integridad. El divorcio entre legalidad y legitimidad se vuelve evidente, y la política paraguaya enfrenta una encrucijada sobre qué prioridad debe prevalecer.
Erosiona la reputación del Congreso
La paradoja resulta inquietante: un senador con una condena significativa —que aún puede estar sujeta a apelaciones— sigue votando, legislando y participando en decisiones que impactan directamente a la ciudadanía. Para muchos analistas, este hecho no solo erosiona la reputación del Congreso, sino que también alimenta el escepticismo generalizado sobre la capacidad del sistema para autoregularse. Cuando la percepción supedita a la ley —cuando la sociedad siente que hay códigos éticos para unos y otros para los políticos— la democracia se resiente.
En definitiva, el caso Galeano representa mucho más que una disputa entre legislar y ser sancionado. Es un test de responsabilidad para el propio Poder Legislativo: decidir si prioriza la letra estricta del procedimiento o si responde a la exigencia social de coherencia moral. La forma en que se dirima este conflicto sentará precedentes para la relación entre justicia, representación y democracia en Paraguay.
