PolíticaLapidario informe de Contraloría
Uno de los ministerios más cuestionables dentro de la actual administración de Santiago Peña, es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBs), manejada por María Teresa Barán, pero la situación se vuelve cada vez más insostenibles y ya se maneja la posibilidad de que sea removida de su cargo, de acuerdo con los datos a los cuales pudimos acceder. Uno de los nombres que se maneja, es la de Julio Borba, quien ya conoce de este cargo.
A la mala gestión de Barán a nivel general por falta de medicamentos, sobrefacturaciones en las licitaciones, falta de médicos en los hospitales, casos de nepotismos en el ente, carencias en materia edilicia, ahora se le debe sumar un lapidario informe que presentó la Contraloría General de la República (CGR).
Un informe al cual tuvimos acceso habla por ejemplo se evidenció que fueron proveídos medicamentos a establecimientos privados como Centro Médico Integral - REVITA (Raúl Doria es director ejecutivo), Sanatorio San Roque SRL, La Costa, Centro Médico Bautista, Sanatorio Migone, IPHIC.
El informe de auditoría, indica además, que se entregó drogas oncológicas por valor de G. 4.978.466.078 a pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS), sin realizar la solicitud de devolución o reposición de los mismos. Está situación -afirma el documento- denota debilidades en la gestión institucional, poniendo en riesgo el suministro de medicamentos a los pacientes de Salud Pública.
Otra de las observaciones que presentó el ente contralor, señala además que el Ministerio de Salud adquirió fármacos e insumos de baja rotación próximos a vencer, por valor de G. 2.956.449.638.
También se hace referencia que la distribución de medicamentos oncológicos adquiridos en cumplimiento de Resoluciones Judiciales (vía amparos), generando esto el retraso en la atención y, poniendo en riesgo la salud del paciente. Según la auditoria, en algunos casos la entrega de la droga se realizó un año y 10 meses después de la solicitud.
