Rodrigo Granda, considerado en su momento como "el canciller" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), enfrenta una investigación en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por su presunta participación en el violento crimen ocurrido en Paraguay en 2001, el secuestro y asesinato de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau, Cecilia Cubas Gusinky.
El equipo legal del exguerrillero rechazó los señalamientos, asegurando que no existen elementos probatorios sólidos en su contra. En ese sentido, apelaron la decisión del tribunal especial de avanzar en el proceso.
Según la defensa, Granda no reconoció responsabilidad alguna en su versión libre ante la JEP. "El análisis probatorio sigue siendo bajo, no solo porque se está definiendo la competencia, sino porque, al no haber reconocimiento, el proceso se retrotraería a una fase primigenia que implica activar la acción penal", señalaron los abogados.
Asimismo, acusaron al organismo de intentar forzar una admisión de culpabilidad. "La sección estaría obligando al compareciente a pensar de forma distinta respecto de su propia responsabilidad, lo que va en contravía del debido proceso y del principio de culpabilidad", sostiene el recurso de apelación.
El documento también recuerda que, según el Acto Legislativo 01 de 2017, el aporte de verdad en la JEP "no implica la obligación de aceptar responsabilidades" y que la sanción prevista se limita a quienes entreguen información falsa o incumplan con las condiciones del sistema.

