Política¿Regresó el EPP?
La desaparición y posterior denuncia de presunto secuestro de Almir De Brum, de 32 años, devolvió a la agenda nacional un fantasma que muchos daban por debilitado. El caso se reportó tras el hallazgo de una cosechadora encendida y escritos atribuidos al autodenominado EPP, en una zona rural vinculada a Campos Morombí, en el límite entre Canindeyú y Caaguazú, con referencias puntuales a Yurutí como punto del hecho y un mapa territorial que cruza jurisdicciones.
En paralelo, la propia dinámica del lugar obliga a una lectura menos automática: se trata de un corredor donde el narcotráfico y otras economías ilegales tienen presencia histórica, lo que abre una duda que no es menor para investigadores y para la opinión pública: ¿estamos ante el EPP, ante una célula residual o ante otro grupo que usa su firma para amplificar el terror?
La "firma" del EPP, pero sin certeza oficial cerrada
El elemento que empujó la atribución inicial fueron los panfletos y una nota dirigida a la familia, con advertencias e instrucciones. Sin embargo, en el propio terreno institucional se instaló desde el inicio un mensaje de cautela: no hay confirmación definitiva y se trabaja con hipótesis abiertas, aun cuando se reconozca que el grupo suele operar con secuestros extorsivos y con este tipo de "marcas" intimidatorias.
Esa ambigüedad no es un detalle técnico. En un territorio donde bandas vinculadas al crimen organizado pueden tener interés en sembrar miedo o desviar la atención, la sola autoadjudicación no alcanza para cerrar la autoría. El impacto, sin embargo, ya está hecho: la zona volvió a entrar en estado de alerta social.
La familia sale a hablar: "vamos a cumplir", pero exigen prueba de vida
En medio de la incertidumbre, la familia dio un paso clave: se pronunció públicamente para pedir una prueba de vida y, al mismo tiempo, transmitir que está dispuesta a cumplir con las exigencias que lleguen a plantear los captores. El comunicado también reclamó respeto a su dolor y prudencia en el manejo del caso, mientras la angustia crece por la falta de contacto posterior.
La respuesta del Estado: operativo grande, hermetismo y prioridad "vida"
El despliegue fue inmediato: Antisecuestro, FTC, unidades policiales y militares se movieron hacia la zona. El ministro de Defensa, Óscar González, habló de "un operativo muy grande" y justificó el hermetismo como una medida para no comprometer la vida de la víctima. En esa misma línea, señaló que todavía no se podía confirmar de manera tajante tal o cual grupo como autor, aun cuando el caso se trabaja como secuestro.
En el plano operacional, el Comando de Defensa Interna sostuvo que no había, al menos en los primeros días, un nuevo contacto de los secuestradores, mientras se avanzaba en inteligencia y rastrillajes.
El presidente aparece en la escena: contención a la familia y un giro en la estrategia
Con el caso escalando, el Gobierno llevó la crisis a un plano mayor. Se confirmó que Santiago Peña se comunicó con la familia, en un gesto de contención política en medio de la tensión.
Pero lo más fuerte llegó con la respuesta institucional: el Codena anunció que las Fuerzas Armadas ya no estarán atadas a límites territoriales predeterminados y podrán intervenir en cualquier punto del país donde haya amenaza, acompañadas de un decreto presidencial que busca dar sustento legal y reforzar dotación y logística del esquema de defensa interna.
El dato político detrás de ese anuncio es directo: el secuestro y los últimos atentados atribuidos al EPP empujaron una decisión que redefine el mapa de actuación militar, con la idea de que el enemigo ya no se encierra en una zona norte clásica, sino que se mueve, se adapta y puede reaparecer donde encuentre oportunidad.
Fiscalía y dinero: el bloqueo de cuentas para frenar un rescate
En otra línea de acción, la Fiscalía solicitó al Juzgado el bloqueo de las cuentas vinculadas a la familia, buscando evitar un eventual pago por rescate. La medida expone el dilema de estos casos: cortar el circuito financiero que alimenta el secuestro, sin perder de vista que del otro lado hay una familia presionada por el tiempo y por el miedo.
Los antecedentes inmediatos: la seguidilla que empujó la idea de reaparición
El secuestro no ocurre en el vacío. En las semanas previas se registraron hechos violentos atribuidos al EPP en la misma franja territorial.
El 19 de enero se reportó un atentado con explosivos contra el encargado de un establecimiento agroganadero en la zona de Yasy Cañy, identificado como Fredy Osmar Tamay Rivero. El propio relato posterior desde el entorno de la víctima ubicó el ataque dentro de una cadena de episodios violentos en el área.
Dos días después se produjo otro ataque con explosivos y disparos contra un administrador brasileño, Caio Sobreira de Lima, cuando se desplazaba por un camino rural dentro de Campos Morombí, también en el límite entre Canindeyú y Caaguazú.
Esa cercanía geográfica y temporal reforzó la lectura de reaparición o, al menos, de reactivación de una marca violenta en el área. A la vez, es el mismo contexto que sostiene la duda central del caso actual: si distintos actores criminales operan en el territorio, la atribución requiere algo más que un panfleto.
El ruido político y social: acusaciones, derechos humanos y el riesgo de estirar el conflicto
La crisis también abrió frentes fuera del monte. En medio del debate por seguridad, la Codehupy respondió con dureza a acusaciones del ministro del Interior, Enrique Riera, y le exigió que presente pruebas si sostiene señalamientos contra organizaciones, al tiempo de condenar las operaciones delictivas en la zona y reclamar respuestas eficaces del Estado.
En paralelo, la ampliación del rol militar reavivó cuestionamientos sobre controles, límites y efectos sobre la vida cotidiana de comunidades rurales, en un territorio donde el miedo no solo se mide por ataques, sino por cómo se vive cuando los operativos se vuelven permanentes.
