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El Registro Unificado Nacional (RUN) ya está vigente desde el 14 de enero, pero su debut no fue el de una modernización celebrada: llegó envuelto en protestas de escribanos, advertencias de inseguridad jurídica, cuestionamientos por "improvisación" y un giro que disparó la alarma pública: Catastro dejó de mostrar los nombres de propietarios en su portal. La reforma se vendió como orden y transparencia; su arranque, por ahora, se parece más a una pelea por control, acceso a información y confianza en el sistema.
El punto de partida: entra en vigencia con ruido, no con consenso
El RUN no "comenzó" con un corte de cinta: comenzó con críticas. Desde el primer día de vigencia, el debate público se corrió del discurso oficial de modernización hacia un terreno mucho más áspero: dudas sobre cómo se aprobó, cómo se implementó y qué efectos puede tener en la seguridad jurídica de algo tan sensible como la propiedad.
La crítica de fondo es política e institucional: se trató de una reforma de alto impacto, pero —según cuestionamientos de sectores técnicos y gremiales— avanzó sin el debate amplio y el consenso mínimo que normalmente se exige cuando se tocan reglas que afectan compraventas, hipotecas, herencias, mensuras, deslindes y litigios sobre tierras.
Un arranque lento, con improvisación y trámites trabados
Una de las críticas más repetidas es que el sistema arrancó trabando lo que debía agilizar. El foco estuvo en la fiscalización electrónica previa y el circuito administrativo asociado: escribanos denunciaron que el mecanismo se volvió lento y que la transición se manejó con un grado de improvisación que termina impactando al usuario final: gente esperando escrituras, operaciones detenidas, trámites que se estiran por detalles de carga o validaciones que no fluyen.
Desde el propio engranaje del sistema se reconocieron demoras y se las atribuyó, entre otros factores, a ajustes de implementación, errores frecuentes en documentación digital, verificaciones y un arranque que coincidió con feriados y asuetos. El punto crítico no es solo que haya "baches" —eso puede pasar en cualquier cambio— sino que el RUN entró en vigencia con un cuello de botella capaz de paralizar el tráfico jurídico inmobiliario en una economía donde cada día de atraso cuesta plata y credibilidad.
Las advertencias de inseguridad jurídica en el corazón de la reforma
El RUN se promocionó como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica. Sin embargo, lo que emergió con fuerza alrededor de su debut fueron advertencias en sentido contrario.
La crítica no es abstracta. Apunta a que, si el sistema entra a funcionar con reglas confusas, procedimientos discutidos o validaciones que no cierran, el riesgo no es solo burocrático: es jurídico. Y cuando lo jurídico tiembla en materia inmobiliaria, tiembla todo: el crédito, el mercado, la inversión y la vida cotidiana de quienes compran o regularizan su terreno.
En ese contexto, surgieron incluso planteamientos sobre la necesidad de corregir o revisar la ley, bajo el argumento de que ciertas inconsistencias podrían abrir conflictos en lugar de cerrarlos. En vez de reducir disputas, la reforma podría terminar generando nuevas.
El cierre del acceso a datos y el debate sobre la transparencia
Uno de los puntos que más ruido generó fue la decisión de deshabilitar la visualización pública de los nombres de propietarios en el portal de Catastro.
El cambio fue interpretado como un retroceso en el acceso a la información: menos posibilidades de control ciudadano, menos herramientas para la investigación periodística y mayores dificultades para rastrear patrimonios y vínculos cuando aparecen denuncias de corrupción. La justificación oficial fue el ordenamiento de fuentes —estableciendo que el titular válido sea el registro de dominio y no el dato catastral—, pero el efecto práctico es concreto: se cerró una ventana de consulta que durante años fue utilizada para transparentar.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿la unificación apunta a transparentar el sistema o también a restringir el acceso a información sensible?
El temor a nuevas grietas y maniobras en el mercado inmobiliario
Otra preocupación que sobrevuela el RUN es el riesgo de que una transición mal calibrada abra espacio para maniobras en operaciones inmobiliarias. No es un temor menor en un país con antecedentes de conflictos por tierras, superposición de títulos y estafas alimentadas por información incompleta o confusa.
La advertencia es clara: un sistema nuevo, al que muchos le otorgan confianza automática, puede convertirse en terreno fértil para quienes saben moverse en los vacíos, en los plazos, en las validaciones y en el desorden propio de los procesos de cambio.
Dudas técnicas y normativas que persisten
Más allá de los problemas operativos, persiste un cuestionamiento más profundo sobre la consistencia técnica y jurídica de la ley. Se mencionan contradicciones e inconsistencias en procedimientos vinculados a mensuras y deslindes, con el riesgo de que el texto legal confunda categorías y derive en prácticas erróneas o conflictos judiciales.
Si el objetivo central era unificar criterios para evitar dobles lecturas, una normativa con zonas grises termina produciendo el efecto contrario: el conflicto no desaparece, se concentra.
Un sistema más centralizado y el debate sobre el control
El RUN concentra funciones y articula instituciones que antes estaban separadas. Para el oficialismo, esto representa eficiencia y orden. Para sus críticos, implica también concentración de poder, menos contrapesos y mayor discrecionalidad.
En una reforma de este tipo, la discusión no pasa solo por si el sistema funciona, sino por quién lo controla, qué mecanismos de auditoría existen, qué garantías de acceso a la información quedan y cómo puede defenderse el ciudadano cuando el sistema falla. En materia de propiedad, un error no es un detalle administrativo: puede convertirse en un juicio, una pérdida patrimonial o una estafa.
Un arranque que deja más preguntas que certezas
El RUN ya está vigente y el Gobierno lo defiende como un paso estructural. Pero la forma en que comenzó —con protestas, demoras, advertencias de inseguridad jurídica y restricciones al acceso a información— desplazó el eje del debate.
No se discute la necesidad de modernizar un sistema históricamente desordenado. Se discute si la modernización se hizo bien, si se la empujó con mayoría política pero sin el consenso necesario y si el resultado será mayor confianza o mayor incertidumbre.
Porque cuando el Estado toca el registro de la propiedad, no toca un simple trámite. Toca la base misma de la vida civil: quién es dueño de qué, cómo se prueba y cuán fácil es defenderlo.
Y, por ahora, el mensaje que dejó el arranque del RUN es claro: en lugar de disipar dudas, las multiplicó.
