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El nuevo sistema implica una reconfiguración profunda del esquema registral del país. Con su implementación, la Dirección General de los Registros Públicos, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, pasa a absorber funciones que antes estaban repartidas entre el Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y el área de Geodesia y Agrimensura del Ministerio de Obras Públicas. A la par, la determinación de los valores fiscales queda concentrada en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, modificando el circuito tradicional de los trámites inmobiliarios.
La iniciativa, que fue objeto de debate durante meses, generó una fuerte resistencia en los gremios notariales, que ven en el nuevo esquema más cargas burocráticas que soluciones. Desde el sector advierten que la transición no fue suficientemente consensuada y que la entrada en vigencia se produce sin despejar dudas clave sobre los tiempos, los controles y la operatividad del sistema.
Las principales preocupaciones apuntan a los retrasos que ya se vienen registrando en distintos trámites, especialmente en el ámbito inmobiliario. Escribanos sostienen que procesos que antes se resolvían en plazos breves ahora quedan sujetos a fiscalizaciones que demoran días y que, en muchos casos, terminan en rechazos por cuestiones formales. Esta situación, afirman, genera un cuello de botella que afecta tanto a profesionales como a ciudadanos y empresas.
También se señala que el impacto no se limita al sector inmobiliario. Cambios introducidos en procedimientos vinculados al registro automotor y a la presentación de títulos habrían eliminado mecanismos ágiles que permitían, por ejemplo, circular con mayor rapidez en operaciones de compra de vehículos nuevos, generando incertidumbre en los usuarios.
Desde la administración de Registros Públicos, en cambio, defienden el nuevo modelo y aseguran que el RUN permitirá una trazabilidad integral de la información, con un único sistema de control que reducirá la mora histórica en expedientes y títulos. Sostienen que la unificación de mesas de entrada y salida ya representa un avance concreto, al evitar traslados innecesarios entre distintas dependencias, y que a partir de ahora se aplicará un esquema de pagos unificados para simplificar gestiones.
Pese a estas explicaciones oficiales, el inicio del RUN encuentra a buena parte del sector profesional en estado de alerta. La principal crítica es que una reforma de esta magnitud se pone en marcha sin una etapa clara de adaptación ni garantías suficientes de que el nuevo sistema no termine agravando los problemas que dice buscar solucionar.
Con el reloj ya en marcha, la implementación del Registro Unificado Nacional se convierte en una prueba clave para el Estado. El desafío será demostrar que la centralización y digitalización prometidas no se traducen en más trabas ni en un retroceso en la seguridad jurídica, en un país donde la confianza en los registros públicos es un pilar central para la actividad económica y la propiedad privada.
