El divorcio exprés enfrenta dos modelos: facilitar la separación o proteger a la familia
La senadora Lilian Samaniego, autora de la iniciativa, rechazó los cuestionamientos y aseguró que el proyecto no busca incentivar las separaciones, sino ofrecer una solución legal a parejas cuya relación terminó hace tiempo y que continúan casadas únicamente porque no cuentan con recursos para afrontar un proceso judicial.
La legisladora remarcó que la propuesta solo será aplicable cuando exista pleno acuerdo entre ambos cónyuges y siempre que no haya hijos menores de edad ni bienes gananciales pendientes de distribución. En esos casos, explicó, el trámite podría resolverse directamente ante un juez sin necesidad de afrontar tasas judiciales ni otros costos administrativos.
Samaniego sostuvo que actualmente numerosas familias permanecen atrapadas en un vínculo legal que ya no existe en los hechos debido al elevado costo de un juicio de divorcio, el cual, según indicó, puede representar un desembolso cercano a los G. 10 millones.
También aclaró que el proyecto no afectará el trabajo de los abogados, ya que cuando existan hijos menores, bienes en común o desacuerdos entre las partes, el procedimiento seguirá desarrollándose por la vía judicial tradicional con la participación de profesionales del Derecho.
Otro de los cambios incorporados al proyecto fue la eliminación de una referencia sobre un supuesto plazo mínimo para solicitar el divorcio. La asesora jurídica Lourdes Matiauda explicó que la legislación vigente ya no exige un tiempo determinado de matrimonio para iniciar el proceso, por lo que el texto fue corregido para mantener ese criterio.
La iniciativa plantea que, una vez cumplidos todos los requisitos legales, la resolución pueda emitirse en un plazo aproximado de entre 15 y 60 días, reduciendo considerablemente los tiempos que actualmente demandan estos procesos.
La propuesta continuará siendo analizada en el Senado, donde aún persisten posiciones divididas sobre el alcance de la reforma y el impacto que podría tener tanto en el acceso a la Justicia como en la protección de la institución familiar.