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El proyecto ya tiene media sanción del Senado, dictamen favorable en Diputados y el oficialismo busca tratarlo la próxima semana para convertirlo en ley. La obra promete mover a más de 40.000 pasajeros por día, pero el modelo G2G con Emiratos, el costo de hasta USD 450 millones y la exclusión de regímenes tradicionales de control mantienen abierto el debate.
Un proyecto acelerado en la recta legislativa
El Tren de Cercanías volvió a quedar en el centro de la agenda legislativa. La iniciativa que modifica y amplía la Ley N° 7434/2025 ya fue aprobada con modificaciones por el Senado el 13 de mayo y actualmente se encuentra en Diputados, en segundo trámite constitucional, con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto.
La última novedad es política y legislativa: la bancada oficialista pidió adelantar su tratamiento y apunta a sancionar el documento en la próxima sesión ordinaria. En la agenda de Diputados, el tren aparece como una prioridad del oficialismo, después de años de promesas, reformulaciones y proyectos que nunca llegaron a ejecutarse.
Un tren eléctrico con Emiratos como socio estratégico
El proyecto plantea ejecutar el sistema mediante acuerdos Gobierno a Gobierno, especialmente con Emiratos Árabes Unidos, a través de Etihad Rail y FEPASA. La fórmula prevista es una Sociedad de Objeto Específico, integrada por la ferroviaria estatal paraguaya y la operadora ferroviaria emiratí.
La primera etapa abarcaría unos 18 a 20 kilómetros entre Asunción y Luque. Luego se proyecta una extensión de aproximadamente 44 kilómetros hasta Ypacaraí. La promesa oficial es instalar un sistema eléctrico, masivo y sustentable, con capacidad para transportar más de 40.000 personas por día y cerca de 14 millones de pasajeros al año.
Las cifras fuertes del proyecto
La inversión estimada ronda los USD 450 millones. El acuerdo inicial habla de una concesión por 30 años y de un plazo aproximado de 36 meses para que el sistema pueda entrar en funcionamiento una vez cerrados los procesos técnicos y administrativos.
El Gobierno también sostiene que el tren generaría un ahorro económico anual de unos USD 150 millones para los usuarios, lo que equivaldría a USD 4.500 millones en tres décadas. Además, el MIC estimó unos 20.000 empleos durante la construcción y 500 puestos directos permanentes en la etapa operativa.
Las dudas que acompañan al entusiasmo
El debate no pasa solo por la necesidad del transporte. También hay cuestionamientos sobre el costo real, el alcance de las obras y los controles. En el Senado se advirtió que el tramo hasta Luque podría representar alrededor de USD 22 millones por kilómetro, mientras otros legisladores pidieron mayores precisiones sobre estaciones, materiales, cimentación y costos.
También se cuestiona que el esquema quede fuera de leyes tradicionales como concesiones, APP y contrataciones públicas, una decisión que concentra el debate en la transparencia, la fiscalización y el riesgo de que una obra necesaria termine blindada por una vía excepcional.
Una promesa de larga data ante su prueba más concreta
El Tren de Cercanías ya dejó de ser solo una promesa técnica y pasó a ser una pulseada política. Si Diputados lo sanciona la próxima semana, el Poder Ejecutivo quedará con el camino legal despejado para avanzar con el modelo G2G y la estructuración definitiva del proyecto.
La pregunta de fondo ya no es si el área metropolitana necesita un tren. La respuesta ciudadana parece evidente ante el colapso del transporte público. La pregunta ahora es si este diseño legal, financiero y político logrará convertir una promesa repetida durante varios gobiernos en una obra real, controlada y útil para la gente.
