El acuífero guaraní y la pregunta clave: ¿Está Paraguay preparado para proteger su agua?
Paraguay es considerado uno de los países con mayor disponibilidad de agua dulce por habitante en el mundo. Sus grandes ríos, sus acuíferos subterráneos y, especialmente, su participación en el sistema del Acuífero Guaraní lo ubican en una posición privilegiada dentro del mapa hídrico regional. Sin embargo, esa abundancia contrasta con una debilidad estructural en la gobernanza del agua.
La legislación existe, pero su aplicación sigue incompleta. La Ley 3239 de Recursos Hídricos fue promulgada en 2007 con el objetivo de establecer un sistema de gestión integral del agua, definir prioridades de uso y crear mecanismos para regular su aprovechamiento. No obstante, gran parte de sus disposiciones centrales nunca llegaron a implementarse plenamente.
En entrevista con El Nacional, el abogado ambientalista Ezequiel Santagada explicó que el país cuenta con una base normativa relevante, pero que el modelo de gestión que prevé la ley todavía no se ha puesto en marcha.
El MADES como autoridad del agua
Desde el punto de vista jurídico, la autoridad competente en materia de recursos hídricos es actualmente el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Según explicó Santagada, cuando se promulgó la Ley 3239 en 2007 se estableció que la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM) actuaría como autoridad de aplicación de manera transitoria.
La idea original era que, junto con una eventual ley o código de aguas, se definiera posteriormente un marco institucional específico que creara una entidad dedicada exclusivamente a la gestión del agua.
Ese escenario nunca se concretó. Posteriormente, con la creación del MADES mediante la Ley 6328, se estableció que este ministerio asumiría formalmente la autoridad de aplicación de la Ley de Recursos Hídricos.
"El MADES es hoy la autoridad competente y hace lo que puede en un contexto de escasez presupuestaria", señaló el especialista.
La ley que nunca terminó de implementarse
A pesar de contar con una normativa que plantea un sistema de gestión moderno, Paraguay no logró consolidar una política hídrica integral. Para Santagada, una de las principales razones es la falta de recursos y la resistencia de sectores económicos que utilizan grandes volúmenes de agua.
Uno de los pilares de la Ley 3239 es la regulación de la asignación de cupos de uso de agua pública mediante reglas de priorización y mecanismos de pago por su aprovechamiento. Ese sistema permitiría ordenar la distribución del recurso, financiar la gestión hídrica y garantizar su sostenibilidad.
Sin embargo, esas disposiciones nunca se reglamentaron.
Según explicó el abogado, reglamentar la ley implicaría comenzar a cobrar por el uso del agua, lo que generaría recursos para aplicar de manera integral la política hídrica. Pero ese proceso ha enfrentado resistencias.
"Siempre hubo un fuerte lobby de algunos grandes usuarios para que estas disposiciones no se materializaran y pudieran seguir utilizando gratuitamente el agua que es materia prima para sus industrias y establecimientos", afirmó.
El problema del agua gratuita
La lógica que plantea la Ley de Recursos Hídricos busca evitar que el acceso al agua dependa simplemente de la capacidad de extracción de cada actor económico.
Según explicó Santagada, cuando el agua no tiene un costo ni reglas claras de asignación, termina accediendo a ella quien llega primero o quien tiene mayor capacidad técnica para extraerla, sin considerar el impacto ambiental o las necesidades de otros usuarios.
El sistema previsto en la ley establece que primero debe garantizarse el llamado caudal ecológico, es decir, el volumen mínimo de agua necesario para sostener la biodiversidad y los ecosistemas que dependen de cada curso hídrico.
Una vez asegurado ese caudal ecológico, el excedente constituye la oferta disponible para usos humanos, agrícolas, industriales o energéticos.
Ese cálculo debería formar parte de un balance hídrico nacional que permita determinar cuánta agua está realmente disponible y bajo qué condiciones puede ser utilizada.
"El agua disponible después de garantizar el caudal ecológico es la que permitiría definir el precio del recurso y utilizarlo de manera más eficiente", explicó el especialista.
El caso del arroz y el uso extensivo del agua
Uno de los ejemplos mencionados por Santagada es el de la producción arrocera, que requiere grandes volúmenes de agua.
En muchas zonas del país existen reservorios que abarcan miles de hectáreas destinados exclusivamente a almacenar agua para el cultivo de arroz.
Según el abogado, si existiera un sistema de reglas claras y una planificación hídrica nacional, podría pensarse en alternativas como la construcción de acueductos o sistemas de distribución más eficientes que permitan optimizar el uso del recurso sin generar daños significativos al ambiente.
Ese tipo de planificación, sin embargo, depende directamente de la aplicación integral de la Ley de Recursos Hídricos.
Un inventario incompleto
Otro elemento central para la gestión del agua es la información. Paraguay cuenta con un inventario de recursos hídricos que se encuentra en proceso de actualización permanente.
Sin embargo, aún existen limitaciones importantes.
Según Santagada, no se ha determinado el caudal ecológico de todos los cursos hídricos del país. Esto significa que todavía no existe un balance hídrico completo que permita establecer con precisión la disponibilidad real del recurso.
Esa falta de información limita la capacidad del Estado para otorgar permisos o concesiones de manera técnica y sostenible.
Permisos de agua sin un sistema claro
Ante la ausencia de una reglamentación específica para las concesiones de agua, el sistema actual funciona de manera indirecta.
Hoy el uso del agua pública se autoriza principalmente a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Dentro de ese proceso, los proyectos deben obtener un "certificado de disponibilidad de recursos hídricos". Sin embargo, según explicó Santagada, en la práctica este mecanismo cumple principalmente una función recaudatoria y no responde a un sistema integral de planificación del uso del agua.
Esto implica que Paraguay todavía no cuenta con un modelo consolidado para asignar cupos de uso del recurso de manera ordenada y basada en criterios de sostenibilidad.
Un recurso estratégico sin política hídrica
La situación plantea un contraste llamativo. Paraguay posee uno de los mayores patrimonios hídricos de América del Sur, pero su gestión institucional continúa fragmentada y con herramientas incompletas.
La falta de reglamentación de la Ley de Recursos Hídricos, la ausencia de un balance hídrico nacional y la resistencia de sectores que utilizan grandes volúmenes de agua configuran un escenario en el que el país sigue sin desplegar una verdadera política hídrica.
Mientras tanto, el recurso continúa utilizándose sin un sistema que ordene su acceso, garantice su preservación ambiental y permita asegurar su disponibilidad para las futuras generaciones.