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La falta de tratamiento mantiene en incertidumbre el futuro de las normativas de acceso a la información pública, que corren el riesgo de quedar seriamente debilitadas.
La propuesta figuraba nuevamente como tercer punto en el orden del día, pero el debate ni siquiera pudo empezar debido a la ausencia de legisladores. El texto, que ya se encuentra en su tercer trámite legislativo, ha generado fuerte rechazo porque en su versión de Diputados plantea disposiciones que podrían prácticamente borrar de un plumazo la Ley 5282 de libre acceso ciudadano a la información y la Ley 5189/2014, que obliga a transparentar el uso de recursos públicos.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 24, que permitiría a los propios funcionarios negar la entrega de información personal con una simple objeción, lo que en la práctica blindaría a políticos y familiares que ocupan cargos en el Estado. Con esta cláusula, las investigaciones sobre contrataciones irregulares o nepotismo quedarían trabadas, generando un grave retroceso en materia de rendición de cuentas.
Aunque la versión aprobada por el Senado también es criticada, contiene al menos la garantía de que ciertos datos básicos seguirán siendo públicos. Sin embargo, otros accesos dependerán de la autorización de la futura Agencia de Protección de Datos Personales, organismo que estará bajo control del Ejecutivo y cuya independencia es puesta en duda.
La sanción automática está prevista recién para el 8 de noviembre, lo que da margen a que prevalezca la versión menos restrictiva. No obstante, mientras la mayoría cartista tenga la posibilidad de retomar el debate en Diputados, el riesgo de que se destruyan los avances logrados en transparencia en la última década sigue latente.
