Diputados sanciona acuerdo SOFA con Estados Unidos y remite el texto al Ejecutivo
La normativa establece las condiciones legales para la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense en territorio nacional en el marco de actividades de cooperación en materia de defensa y seguridad.
Con la votación favorable en la Cámara Baja, el instrumento internacional queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga la ley o ejerce su facultad de veto. El acuerdo ya había recibido previamente media sanción en el Senado, por lo que la aprobación en Diputados completa el trámite legislativo.
El convenio fija el marco jurídico que regirá la participación de integrantes de las fuerzas estadounidenses en misiones, ejercicios o programas de cooperación con instituciones nacionales. Entre los puntos centrales del documento se incluye la definición del estatus legal del personal militar y civil que participe en dichas actividades.
De acuerdo con el contenido del acuerdo, los miembros de las fuerzas de Estados Unidos que ingresen al país bajo este esquema contarán con un régimen de inmunidades similar al que poseen los agentes diplomáticos, lo que ha generado un fuerte debate en el ámbito político y social.
El tratamiento de la iniciativa estuvo precedido por un dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Pedro Ortiz, que recomendó al pleno acompañar la aprobación del acuerdo.
Sin embargo, el proyecto también recibió cuestionamientos desde organizaciones de la sociedad civil. El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) manifestó públicamente su rechazo al convenio y advirtió que la medida podría debilitar el sistema de justicia y generar riesgos de impunidad en caso de eventuales delitos cometidos por personal extranjero.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad no debe basarse en la presencia de fuerzas militares de otros países ni en la concesión de privilegios jurídicos a agentes extranjeros. Según Serpaj, la aprobación del acuerdo podría derivar en situaciones en las que integrantes de fuerzas extranjeras no respondan ante tribunales nacionales.
Las críticas también apuntaron a que el otorgamiento de un estatus diplomático al personal militar y civil vinculado al Departamento de Defensa de Estados Unidos podría limitar la capacidad de las autoridades judiciales locales para investigar o sancionar eventuales abusos.
Durante el debate parlamentario también se escucharon objeciones desde sectores de la oposición, que plantearon interrogantes sobre las implicancias del acuerdo en términos de soberanía y jurisdicción penal.
Pese a estas advertencias, la mayoría legislativa resolvió avanzar con la aprobación del instrumento internacional, que ahora queda pendiente de la decisión final del Ejecutivo para su entrada en vigencia.
