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El aumento de G. 144.952 al salario mínimo, anunciado recientemente por el Gobierno, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la Cámara de Diputados rechazara un proyecto de ley que buscaba eliminar, hasta el cierre del ejercicio fiscal 2026, las bonificaciones que perciben las máximas autoridades del Estado bajo distintos conceptos. La iniciativa proponía destinar esos recursos a fortalecer el sistema público de salud, especialmente para cubrir necesidades urgentes como la compra de medicamentos, pero la mayoría oficialista frenó la propuesta y mantuvo intactos esos beneficios.
Durante la sesión, legisladores alineados al cartismo argumentaron que la propuesta era innecesaria, que implicaba una sobrerregulación e incluso que podía afectar a otros sectores de la administración pública, como el educativo. Sin embargo, quienes impulsaban la iniciativa rechazaron esas afirmaciones y sostuvieron que el proyecto delimitaba claramente a qué cargos alcanzaba la prohibición, exclusivamente a las principales autoridades políticas y administrativas del Estado.
Con la decisión de Diputados, el proyecto deberá regresar al Senado para una nueva revisión, donde los senadores tendrán la posibilidad de insistir con la propuesta o dejarla definitivamente sin efecto.
El debate volvió a poner bajo la lupa los elevados ingresos que perciben altos funcionarios mediante bonificaciones adicionales a sus salarios. En el caso de los ministros del Poder Ejecutivo, el beneficio por responsabilidad en el cargo supera los G. 6,5 millones mensuales, monto que se suma al salario básico y a los gastos de representación, elevando sus ingresos a alrededor de G. 33 millones por mes.
La situación que mayor cuestionamiento generó fue la del presidente del Congreso, el senador Basilio "Bachi" Núñez, quien había dispuesto para sí mismo una bonificación superior a los G. 21 millones mensuales, además de su remuneración y los gastos de representación. Aunque posteriormente suspendió el cobro tras la repercusión pública, el rechazo del proyecto deja abierta la posibilidad de que ese beneficio pueda volver a ser aplicado.
Durante la discusión parlamentaria, el líder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, defendió la postura del oficialismo argumentando que la medida podía generar consecuencias sobre otros funcionarios públicos y recordó que el Poder Ejecutivo ya había implementado disposiciones orientadas a racionalizar el gasto estatal, incluyendo restricciones en nuevas contrataciones.
En la misma línea, la diputada Rocío Abed calificó la propuesta proveniente del Senado como una iniciativa con un fuerte componente político y cuestionó el enfoque con el que fue presentada.
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. El diputado independiente Raúl Benítez sostuvo que la iniciativa surgió precisamente como respuesta al aumento de la bonificación del titular del Congreso y acusó al oficialismo de convertir aquel proyecto en una simple maniobra política para desactivar la controversia sin modificar realmente los privilegios existentes.
Por su parte, la diputada Johanna Ortega afirmó que el texto del proyecto nunca contempló eliminar beneficios para docentes u otros trabajadores del sector educativo, por lo que consideró falsas las versiones difundidas durante el debate. Además, insistió en que el Estado no puede seguir sosteniendo remuneraciones extraordinarias para las máximas autoridades mientras los servicios públicos presentan graves deficiencias y continúan financiándose mediante un creciente endeudamiento.
La legisladora también recordó que el propio Gobierno había declarado una situación de austeridad y cuestionó que, pese a ese discurso, continúen vigentes beneficios que calificó como injustificables. En ese sentido, planteó que la revisión de privilegios debería extenderse no solo a ministros y parlamentarios, sino también a gobernadores, intendentes, concejales y otras autoridades que reciben adicionales financiados con recursos públicos.
A favor del proyecto también se pronunciaron los diputados liberales Pedro Gómez y Carlos Pereira Rieve, quienes coincidieron en que las bonificaciones extraordinarias resultan difíciles de justificar frente a la realidad económica que enfrentan miles de trabajadores que apenas perciben el salario mínimo.
