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La iniciativa, conocida en el ámbito político como "Anti Rivas", será incluida en el orden del día de la próxima sesión, con la intención de evitar que se repitan situaciones similares dentro del órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales.
El debate resurge luego de que la causa por el presunto título falso del legislador quedara sin sanción tras una resolución judicial que declaró la prescripción del caso, pese a la oposición del Ministerio Público. Esta decisión no disipó las dudas en torno a su formación académica y volvió a instalar cuestionamientos sobre su paso por el JEM, donde incluso llegó a ocupar la presidencia.
El proyecto en cuestión busca modificar la normativa vigente para establecer condiciones más estrictas para quienes aspiren a representar al Congreso en el órgano extrapoder. El punto central es la exigencia de al menos diez años de ejercicio efectivo en el ámbito jurídico, ya sea en la práctica profesional, en funciones dentro del sistema judicial o en la docencia universitaria en derecho.
La propuesta cobra relevancia al recordar que Rivas fue designado como miembro del JEM en junio de 2020 cuando aún no contaba con trayectoria profesional en la abogacía. De hecho, su juramento como abogado se produjo días después de haber sido nombrado, lo que en su momento generó fuertes críticas al sistema de designaciones y a los controles institucionales.
El caso no es aislado. En el pasado, también fue objeto de cuestionamientos el exdiputado Orlando Arévalo, quien igualmente integró el JEM en medio de denuncias sobre la legitimidad de su título profesional y terminó renunciando tras el escándalo conocido como "La Mafia Manda".
Además de los requisitos de idoneidad, el proyecto incluye cambios en la duración de los mandatos dentro del organismo. Mientras la versión original proponía periodos de un año con posibilidad de reelección, otras posturas plantean mandatos de dos años y medio sin reelección inmediata, lo que implicaría renovar a los representantes en dos etapas durante cada periodo legislativo.
La reaparición de esta iniciativa evidencia el impacto político que sigue generando el caso Rivas y la presión para ajustar los mecanismos de control en instituciones clave. Con el tratamiento en puerta, Diputados vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los estándares mínimos que deben cumplir quienes tienen en sus manos la evaluación y eventual destitución de magistrados.
