Diputados raboneros no trataron proyecto que propone penas altas para cómplices de reos
Ante los últimos acontecimientos registrados en nuestro país, que siguen alertando sobre la deficiencia del sistema penitenciario en Paraguay y de todo lo que lo conforma, tras la fuga masiva en la penitenciaría de Minga Guazú —donde hubo evidencias claras de complicidad interna—, los diputados priorizaron su descanso antes que tratar una propuesta que busca llenar un vacío legal evidente y prevenir futuras conductas similares dentro del sistema carcelario.
El reciente desinterés de la Cámara de Diputados al no tratar el proyecto de ley que propone penas de hasta 15 años para cómplices de fugas carcelarias masivas demuestra una indiferencia ante un problema crítico de seguridad en el Paraguay.
Recordemos que los ocho presos de alta peligrosidad fugados de Minga Guazú en marzo pasado, en su mayoría, siguen libres. Hasta el momento, solo dos han sido recapturados.
El diputado colorado Yamil Esgaib presentó una iniciativa que busca el endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios, especialmente cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario.
En el orden del día de la sesión extra del jueves pasado fue incluido el proyecto de ley "Que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo", referente a la liberación de presos.
Según la exposición de motivos, se propone un endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios, especialmente cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario, y cuando las fugas sean colectivas.
La iniciativa de ley establece tres modificaciones principales: en primer lugar, mantener la pena base de hasta tres años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno.
En segundo lugar, se aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de "hasta siete años" (como contempla la ley actual) a un rango de "cuatro a diez años" de privación de libertad.
Mientras que, como tercer punto, se introduce un nuevo agravante para casos de "fuga masiva", estableciendo una pena de entre cinco y quince años cuando se libere a más de un interno.
Esta medida no solo busca castigar con mayor rigor a los involucrados, sino también disuadir o evitar futuras conductas. Sin embargo, al no ser tratado —a pesar de haber figurado en el orden del día del jueves pasado—, el mensaje que se transmite es de indiferencia ante un problema crítico de seguridad penitenciaria.
Después de Semana Santa
Los diputados adelantaron su sesión ordinaria del martes 15 de abril al jueves 10 de abril; sin embargo, no pudieron concluir los temas porque dejaron la instancia sin cuórum. La prioridad de los legisladores fue la de realizar un "puentazo santo", atendiendo a que la sesión extra que adelantaron por Semana Santa —donde tenían que tratar este proyecto y otros que quedaron pendientes— no fue debatida. De esta manera, los diputados volverán a realizar sesiones a la vuelta de Semana Santa.
