Diputados piden al MEC un informe detallado sobre la red de títulos presuntamente falsos
La Cámara de Diputados aprobó, durante su sesión ordinaria y sobre tablas, un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), un informe detallado sobre las investigaciones administrativas y las denuncias penales vinculadas a una presunta red dedicada al registro de títulos falsos.
La iniciativa fue presentada por la diputada Dalia Estigarribia, con el objetivo de conocer el estado de las pesquisas y las acciones adoptadas por la cartera educativa tras detectarse presuntas irregularidades en el sistema institucional de registro y validación de títulos.
Entre los puntos requeridos, el MEC deberá informar sobre el estado actual de las investigaciones, las medidas cautelares aplicadas y los resultados preliminares de los sumarios administrativos abiertos contra funcionarios sospechosos de realizar operaciones irregulares o fuera del horario laboral dentro del sistema informático de la institución.
Asimismo, el pedido exige precisar la cantidad de operaciones consideradas sospechosas, incluyendo modificaciones de datos y validaciones de carreras no habilitadas detectadas en los registros oficiales de Talento Humano y en el sistema de control de títulos.
El proyecto también solicita identificar a las universidades, institutos de formación y demás instituciones de educación superior cuyos nombres habrían sido utilizados de manera ilícita para la elaboración de diplomas y certificados analíticos presuntamente falsificados.
En el ámbito penal, la Cámara de Diputados requiere un informe sobre las denuncias promovidas ante el Ministerio Público, detallando el número de carpetas fiscales abiertas y la cantidad de títulos sospechosos remitidos para investigación.
Finalmente, los legisladores piden al MEC explicar las medidas de seguridad tecnológica, las auditorías de los sistemas informáticos y los protocolos de control documental que están siendo implementados para reforzar la protección del sistema de registro de títulos y garantizar la autenticidad de los documentos académicos expedidos en el país.
La resolución establece un plazo de 15 días para que el Ministerio de Educación y Ciencias remita toda la información solicitada al Congreso Nacional.