En el espacio de Sobre Tablas, durante la última sesión ordinaria de la semana, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a reactivar el portal y la APP “Mi Futuro”, sobre carreras universitarias disponibles en todo el país, a los efectos de que los egresados de todos los colegios secundarios, públicos y privados, puedan acceder a datos sobre la oferta universitaria, su nivel de prioridad para el desarrollo del país y la posibilidad de inserción laboral”.
La normativa fue impulsada por los diputados Norma Camacho (PEN-Central); Kattya González (PEN-Central); y Edgar Acosta (PLRA-Central); e insta a la cartera educativa, la creación de políticas públicas que asignen competencia exclusiva y obligatoria al MEC, para determinar las áreas prioritarias de formación del talento humano, de los niveles técnico y universitario, de manera que todos los alumnos del sistema educativo nacional tengan acceso a la información sobre las áreas técnicas y de formación terciaria que son necesarias para el país, y así potenciar su desarrollo.
El documento señala que se requieren datos claros y completos sobre el tipo de carreras; cantidad de profesionales o técnicos; facilidad de incorporación al mercado laboral; áreas territoriales y proyección a futuro; por lo cual se deberá trabajar en coordinación con la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos.
Los proyectistas instan al MEC la conformación de un comité técnico, dependiente de dicha cartera de Estado, que elabore las propuestas de asignación presupuestaria para becas, programas de incentivos y contrataciones en el sector público, de las personas que elijan cursar carreras universitarias y técnicas bien definidas como prioritarias para el desarrollo económico, social y cultural del país.
Para el efecto consideran de vital importancia, e instan a la cartera educativa, que se proceda a la difusión masiva del portal y la APP “Mi Futuro”, antes de la culminación de cada año lectivo, en todas las instituciones públicas y privadas, de manera obligatoria; y presentar los datos y hallazgos a la ciudadanía, a través de los medios masivos de comunicación u otras formas de comunicación alternativa.
