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La propuesta, presentada por el diputado liberal Rodrigo Blanco, busca reprogramar fondos internos para garantizar que los funcionarios con menores ingresos perciban al menos el salario mínimo vigente.
Blanco advirtió que miles de empleados judiciales se encuentran en una situación precaria, ya que no han sido recategorizados desde hace más de 14 años. Según explicó, alrededor de 2.840 trabajadores con funciones jurisdiccionales ganan por debajo del mínimo legal, entre ellos 868 dactilógrafos, 826 oficiales de secretaría y 1.146 ujieres notificadores. El legislador planteó un reajuste que elevaría sus ingresos a entre G. 4.200.000 y G. 4.500.000 mensuales, beneficiando a más de 4.000 funcionarios.
El parlamentario aclaró que el pedido no implica una ampliación presupuestaria, sino una redistribución de los recursos ya asignados. Sostuvo que de los G. 400 mil millones solicitados por la Corte Suprema de Justicia para obras de infraestructura, bastaría destinar poco más de G. 30 mil millones para saldar esta deuda histórica con los trabajadores. El impacto financiero del reajuste, estimado en G. 32 mil millones, se aplicaría en el último trimestre del 2026.
La propuesta recibió el respaldo de legisladores de varios sectores. Daniel Centurión, de la ANR, destacó que se trata de un acto de justicia y no de gasto adicional, mientras que su correligionario Alejandro Aguilera calificó los salarios actuales como "una afrenta a quienes dedicaron su vida al servicio público". También el diputado Hugo Meza valoró que la medida permitirá dignificar a los trabajadores más postergados del sistema judicial.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja, donde los legisladores coincidieron en que este ajuste representa una reivindicación esperada desde hace más de una década. Subrayaron además la importancia de aplicar la medida con responsabilidad fiscal, garantizando su sostenibilidad a partir del ejercicio presupuestario del 2026.
