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Ambos documentos apuntan a obtener información actualizada sobre la protección de los bosques y los avances en la aplicación de la ley que regula el uso medicinal del cannabis en el país.
El primer pedido se centra en la Ley 6676/2020, que prohíbe la conversión o transformación de superficies con cobertura boscosa en la Región Oriental. Godoy justificó su iniciativa señalando que, pese a la vigencia de la norma, continúan detectándose desmontes ilegales y cambios de uso de suelo en zonas protegidas, algunos de ellos vinculados al cultivo de marihuana. Por ello, solicitó al MADES un informe detallado sobre las fiscalizaciones realizadas entre 2023 y 2024, las infracciones detectadas y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la ley.
El legislador pidió además conocer cuántas de las infracciones ambientales fueron remitidas al Ministerio Público u otras autoridades competentes, y en qué estado se encuentran los procesos judiciales abiertos. Otro punto del pedido apunta a conocer la participación del MADES en el Protocolo de Intervención Conjunta, establecido por el Decreto 1746/2024 dentro de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, así como los resultados obtenidos en la implementación de ese plan.
El segundo pedido de informes está dirigido al Ministerio de Salud Pública y busca conocer los avances del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados, creado por la Ley 6007/2017. Esta legislación autoriza la producción controlada de derivados de la planta y garantiza el acceso gratuito a los tratamientos para los pacientes registrados.
El documento solicita al MSP la lista de laboratorios con licencia para producir o industrializar cannabis medicinal, los volúmenes fabricados y distribuidos hasta la fecha, y la cantidad de productos entregados gratuitamente a los beneficiarios del programa. Además, se requiere detallar los mecanismos que utiliza la institución para asegurar el acceso gratuito y las dificultades que impiden el cumplimiento pleno de la normativa.
Ambos pedidos fueron aprobados sobre tablas y fijan un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan sus respuestas al Congreso, en cumplimiento del artículo 192 de la Constitución y de la Ley 5453/2015.
