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La maniobra fue interpretada por sectores de la oposición como una nueva señal de protección política hacia el legislador cartista.
El proyecto apuntaba a fijar condiciones claras para los representantes del Congreso ante el Jurado, exigiendo, entre otros puntos, contar con al menos diez años de ejercicio efectivo de la profesión jurídica, además de acreditar debidamente el título universitario. La propuesta buscaba evitar que se repitan situaciones como la que hoy envuelve a Rivas, quien habría accedido a espacios de poder dentro del sistema de justicia presentándose como abogado sin cumplir con los requisitos legales.
Durante el tratamiento, el diputado Miguel del Puerto planteó postergar el análisis del proyecto por una semana con el argumento de abrir un espacio de consenso para introducir modificaciones. Sin embargo, la solicitud desató cuestionamientos inmediatos desde la oposición, que consideró la propuesta como una maniobra dilatoria para seguir evitando una definición sobre el tema.
En ese contexto, la diputada Rocío Vallejo cuestionó duramente la falta de voluntad para avanzar con la iniciativa y criticó que se continúe posponiendo una decisión que, según sostuvo, apunta a establecer reglas básicas de idoneidad para quienes ocupan cargos clave en el sistema judicial. Advirtió que la situación proyecta una imagen negativa ante la ciudadanía y cuestionó si las modificaciones que se pretenden introducir apuntan incluso a flexibilizar los controles sobre la validez de los títulos profesionales.
Vallejo recordó que una normativa similar ya había sido aprobada anteriormente para los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura, por lo que insistió en que no existen argumentos válidos para seguir demorando la aplicación de criterios equivalentes en el caso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Según explicó, el objetivo es garantizar que quienes sean designados cuenten efectivamente con la formación y experiencia requeridas para ejercer funciones de alto impacto institucional.
La sesión finalmente se desmoronó cuando, al momento de someter a votación la postergación del proyecto, ya no se contaba con el número de legisladores necesario para continuar, lo que dejó sin efecto el tratamiento. El hecho fue interpretado como una retirada deliberada de los diputados oficialistas para evitar avanzar con una normativa que podría endurecer los controles en medio del caso Rivas.
El episodio se suma a una serie de decisiones políticas que giran en torno a la situación del senador, cuyo nombre quedó envuelto en un escándalo que impacta de lleno en la credibilidad del sistema institucional. Mientras tanto, el debate sobre los requisitos para integrar órganos clave de control y disciplina judicial sigue pendiente, en un contexto donde las tensiones políticas y los cálculos de mayoría continúan condicionando cualquier intento de reforma.
