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Con esta decisión, se mantiene vigente el esquema de recaudación de la entidad, señalada por sus críticos como un organismo que, al tratarse de una ONG, no está sometido al control estatal ni a las reglas de transparencia, pese a recibir millones de guaraníes anualmente provenientes de los contribuyentes.
El reclamo central contra Opaci gira en torno a que su funcionamiento y permanencia han sido históricamente protegidos, principalmente por el oficialismo colorado, blindando un modelo que concentra la regulación y emisión de estos trámites. Quienes impulsaban la iniciativa sostenían que, eliminando esa intermediación, las municipalidades podrían ejercer plenamente su autonomía, gestionar de forma directa sus trámites y agilizar los servicios a los ciudadanos.
Pese a estos argumentos, la mayoría de la Cámara optó por rechazar el proyecto, asegurando la continuidad de un sistema que sus detractores califican como un mecanismo opaco de recaudación y que, según sus defensores, garantiza uniformidad y control a nivel nacional.
