PolíticaMedida
En una sesión extraordinaria, la mayoría oficialista y sus aliados rechazaron la eliminación de la Caja Parlamentaria y optaron por una reforma mínima que mantiene pensiones elevadas, requisitos laxos y aportes inferiores a los exigidos a otros sectores del sector público, como los docentes.
Pese a los discursos previos sobre austeridad y equidad, el resultado final confirmó que los legisladores seguirán accediendo a haberes jubilatorios que superan los 26 millones de guaraníes mensuales en el caso de la jubilación ordinaria, con una reducción apenas simbólica del porcentaje de la pensión. La jubilación extraordinaria también fue levemente ajustada, pero continúa muy por encima del promedio de ingresos del país. La edad mínima para el retiro y los años de aporte permanecen prácticamente intactos, permitiendo que un parlamentario pueda jubilarse con apenas dos períodos legislativos.
Durante el debate, los sectores opositores insistieron en la necesidad de eliminar por completo la Caja Parlamentaria, argumentando que se trata de un sistema insostenible, creado en un contexto autoritario y sostenido históricamente con respaldo estatal. Sin embargo, la mayoría rechazó esa propuesta y avanzó con un texto que mantiene la obligatoriedad del aporte, contradiciendo la tesis oficial de que se trata de una caja "privada". También se conservó la posibilidad de que los legisladores retiren sus aportes, un beneficio que no existe para los afiliados al Instituto de Previsión Social.
Uno de los puntos más cuestionados fue el nivel de aporte fijado para los parlamentarios activos, que sube apenas al 24%, por debajo del porcentaje que se aplicará a docentes y otros funcionarios públicos en el marco de la reforma de la Caja Fiscal. Los jubilados legislativos, por su parte, aportarán el 14%. A esto se suma la continuidad de las pensiones heredadas para cónyuges, aunque con un monto reducido y excluyendo a los hijos.
Desde la oposición se advirtió que, más allá de la redacción que prohíbe formalmente el aporte estatal, la propia existencia de una ley que regula el sistema evidencia que el Estado terminará asumiendo el costo cuando el fondo entre en crisis. Se recordó que el presupuesto vigente ya contempla recursos públicos destinados a la Caja Parlamentaria, lo que contradice el discurso de autosuficiencia sostenido por el oficialismo.
El debate dejó al descubierto una fuerte distancia entre el mensaje político y las decisiones concretas. Mientras avanza una reforma que endurece las condiciones jubilatorias para miles de trabajadores del sector público, los legisladores optaron por preservar un régimen propio con reglas mucho más favorables. La sesión cerró con fuertes críticas sobre la falta de coherencia y la ausencia de voluntad para renunciar a privilegios en un contexto de creciente malestar social y demandas de mayor equidad en el sistema previsional.
