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En una maniobra política que genera fuertes críticas, la Cámara de Diputados resolvió aplazar por 90 días el estudio de seis pedidos de intervención municipal, lo que podría dilatar el proceso más allá del receso parlamentario. La medida, impulsada por legisladores cartistas, ha sido interpretada por la oposición como un intento de proteger a intendentes investigados por corrupción, evitando que enfrenten un tratamiento parlamentario urgente.
Maniobra parlamentaria para dilatar los procesos
La Cámara de Diputados aprobó, bajo la argucia legislativa del diputado liberocartista Marcelo Salinas, postergar por 90 días el tratamiento de seis pedidos de intervención a municipios señalados por graves irregularidades. Estos distritos —Lima (San Pedro), Ybyrarobaná (Canindeyú), Ñemby (Central), Emboscada (Cordillera), Tomás Romero Pereira (Itapúa) y Yby Yaú (Concepción)— deberán esperar hasta diciembre para que sus casos sean debatidos, con el riesgo real de que el proceso se arrastre hasta marzo del próximo año tras el receso parlamentario.
Los legisladores opositores, entre ellos Roberto González (ANR disidente), denunciaron que dicha postergación equivale a "cómplices o encubridores de hechos de corrupción", ya que deja sin respuestas a los habitantes afectados y permite que los denunciados se mantengan en funciones sin rendir cuentas.
Municipios bajo la lupa: denuncias e irregularidades
Lima (San Pedro)
La Junta Municipal denunció la rendición de cuentas del intendente Juan Manuel Ávalos (2021-2022), alegando irregularidades en el programa de almuerzo y merienda escolar, por un monto de G. 514 millones sin respaldo documental.
Emboscada (Cordillera)
Bajo la gestión del intendente Silvio Peña (PLRA), se señalan pagos por obras nunca ejecutadas durante 2024, según la denuncia de los concejales municipales.
Ñemby (Central)
El intendente Tomás Olmedo enfrenta imputaciones por lesión de confianza, estafa y falsificación de documentos, con un daño patrimonial estimado en G. 700 millones. También se le atribuye un atraso en el pago a funcionarios y contrataciones por excepción por G. 1.300 millones que quedaron paralizadas por un pacto de "no agresión" político.
Tomás Romero Pereira (Itapúa)
Hernán Rivas, cuyo estudio ya fue pospuesto en noviembre de 2023, está acusado de daño patrimonial de G. 2.000 millones debido a obras fantasmas y contratación con empresas de maletín.
Ybyrarobaná (Canindeyú)
El intendente César Machuca fue denunciado por concejales que rechazaron sus rendiciones de cuenta, sospechando malversación y lesión de confianza. La Fiscalía realizó un allanamiento en enero por denuncias de estafa y otros delitos.
Yby Yaú (Concepción)
Aunque opositor, Vidal Argüello enfrenta denuncias por supuestas facturas clonadas, y aunque hay un pedido de intervención, ha denunciado a concejales por adulteración de actas, y la Contraloría incluso rechazó la intervención.
Operación política: cartistas en el centro del escándalo
La maniobra para aplazar el tratamiento fue liderada por una figura vinculada al oficialismo: Marcelo Salinas, cuyo conflicto de intereses fue puesto en evidencia, ya que su esposa, Carolina Aranda, es intendenta cuestionada. Esta situación fortalece las sospechas de blanqueo político en favor del oficialismo. Además, varias de las municipalidades involucradas están controladas por cartistas, como el propio Hernán Rivas (Tomás Romero Pereira), lo que sugiere una red de protección política.
La oposición ha intentado frenar esta estrategia: se presentaron mociones para reducir el plazo de postergación a ocho días, respaldadas por diputados como Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Daniel Centurión y Johanna Ortega, pero estas fueron derrotadas por 26 votos a favor de la dilación versus 17 en contra.
Retraso, impunidad y descrédito
La decisión en la Cámara de Diputados no solo dilata los procesos de rendición de cuentas, sino que arroja una sombra de impunidad sobre intendentes investigados por manejos irregulares, mientras el oficialismo cartista maniobra para proteger a los suyos. La ciudadanía se queda sin respuestas claras, los procesos disciplinarios se estancan y el sistema democrático sufre un golpe cuando el castigo y la transparencia deberían ser inmediatos.
