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Entre los casos más delicados figura el de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, en Itapúa, encabezada por Hernán Ysidro Rivas, padre del senador Hernán Rivas. El jefe comunal arrastra denuncias por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y estafa, aunque hasta ahora solo una de las causas tuvo algún movimiento en el Ministerio Público y sin imputación concreta. Paralelamente, los concejales denunciantes sostienen que el perjuicio patrimonial superaría los G. 2.000 millones, mientras enfrentan procesos judiciales por difamación y calumnia.
El tratamiento también incluye a otras comunas como Lima y Emboscada, ambas administradas por intendentes liberales, así como Yby Yaú, Ybyrarobaná, Juan León Mallorquín y Ñemby. En este último distrito, el intendente Tomás Olmedo acumula múltiples denuncias, entre ellas por supuestas irregularidades en obras públicas que habrían generado un perjuicio cercano a los G. 700 millones. Además, arrastra antecedentes por otras causas que no avanzaron en la Fiscalía.
Dos de los pedidos de intervención —los de Tomás Romero Pereira y Ñemby— cuentan con el aval previo de sus respectivas juntas municipales, que argumentan la existencia de indicios de corrupción en la gestión de los intendentes. Sin embargo, el tratamiento legislativo de estos casos permanecía paralizado hasta que el oficialismo decidió destrabarlo mediante una moción de preferencia impulsada por el diputado disidente Roberto González.
El contexto político agrega un componente adicional, ya que varios de los intendentes cuestionados buscan la reelección en sus respectivos distritos. En el caso de Rivas, su candidatura se sostiene con el respaldo de Honor Colorado, movimiento que ya había evitado anteriormente una intervención en su administración, mientras su hijo, el senador, se prepara para apartarse temporalmente del cargo en medio del escándalo por su presunto título falso.
Por su parte, Olmedo, que en su momento fue electo bajo el mismo sector político, intenta ahora renovar mandato desde otra corriente interna del coloradismo, en un escenario donde las denuncias judiciales y la puja electoral se entrelazan con las decisiones que deberá tomar el Congreso en los próximos días.
