PolíticaIniciativa ciudadana
La frase del diputado Raúl Benítez marca un punto de inflexión en el debate sobre la llamada jubilación VIP parlamentaria. Con la iniciativa popular superando la mitad de las firmas requeridas, el tema deja de ser una consigna ciudadana para convertirse en presión política concreta.
Según datos del sistema de Iniciativa Popular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la propuesta ya registra (hasta ayer) 26.463 adhesiones de las 49.928 necesarias para su tratamiento formal en el Congreso Nacional.
Aún faltan 23.465 apoyos para alcanzar el umbral legal, pero el avance sostenido empieza a generar posicionamientos públicos dentro del Parlamento.
"Pienso que solamente la ciudadanía puede cortar ese privilegio. Los dueños del privilegio ya demostraron que no se van a auto ajustar. El único camino es la organización ciudadana", sostuvo Benítez al ser consultado por el diario El Nacional sobre la campaña que busca derogar la Ley N.º 6112/18, que creó el régimen jubilatorio especial para legisladores.
El legislador también confirmó que acompañará formalmente la iniciativa si alcanza las firmas necesarias: "Sí. Vamos a apoyar".La declaración instala un debate más amplio sobre la capacidad del Congreso de reformar beneficios propios sin presión externa.
Históricamente, las modificaciones a regímenes especiales han enfrentado resistencias cuando afectan directamente a quienes deben votarlas.
En ese escenario, el crecimiento de la iniciativa ciudadana no solo suma adhesiones, sino que empieza a medir la disposición política de los propios parlamentarios en este caso de la oposición.
Si la propuesta alcanza el mínimo requerido, el Congreso deberá decidir si acompaña la eliminación del régimen especial o si asume el costo político de rechazar una demanda que, paso a paso, gana respaldo ciudadano.
