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La propuesta apunta a que ningún contribuyente pueda acceder al timbrado de facturas si antes no regulariza el pago de sus patentes locales.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Néstor Castellano, representante de Central por la ANR, quien plantea una modificación a la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario. El cambio central propone que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios exija, como requisito obligatorio, la presentación de un Certificado de Cumplimiento Tributario Municipal antes de autorizar cualquier timbrado.
De acuerdo con la fundamentación del proyecto, existe un alto grado de evasión en el pago de patentes comerciales y profesionales en numerosas municipalidades, pese a que estas obligaciones están claramente establecidas por la Ley Orgánica Municipal. Para el legislador, un comercio que no abona su patente directamente está operando fuera del marco legal y genera una grave distorsión en el mercado.
Castellano sostiene que esta situación favorece una competencia desigual, donde los negocios que cumplen con todas sus cargas impositivas se ven perjudicados frente a aquellos que operan de manera irregular. Por ese motivo, el proyecto utiliza el control fiscal nacional como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de los tributos municipales.
El Certificado de Cumplimiento Tributario Municipal deberá ser emitido por cada comuna y servirá para acreditar que el contribuyente se encuentra al día con el pago del Impuesto a la Patente Comercial y el Impuesto a la Patente Profesional correspondientes al último ejercicio fiscal vencido.
El diputado respalda su planteamiento en el principio constitucional de autonomía municipal, que reconoce a los gobiernos locales la potestad de administrar sus recursos y organizar su sistema de recaudación. En ese sentido, recuerda que los municipios tienen bajo su responsabilidad servicios esenciales como la limpieza, el mantenimiento urbano, la seguridad comunitaria y la infraestructura básica.
Desde ese enfoque, el proyecto plantea que mientras la DNIT ejerce un control riguroso sobre las obligaciones impositivas nacionales, actualmente no existe una articulación efectiva que garantice que los contribuyentes también cumplan con sus deberes a nivel local.
La propuesta también apunta a generar un efecto directo de formalización, ya que toda empresa o negocio que necesite emitir facturas se verá obligado a regularizar primero su situación con la municipalidad correspondiente.
Según la argumentación presentada, esta medida permitiría incrementar los ingresos de las comunas mediante una mayor recaudación de patentes, fortaleciendo así su capacidad financiera para sostener servicios públicos e inversiones en infraestructura.
El proyecto deberá ser analizado ahora en comisiones antes de llegar al pleno, específicamente en los espacios de Asuntos Económicos y Financieros, Legislación y Codificación, Asuntos Municipales y Presupuesto, donde se definirá su avance legislativo.
