Diputado promete amplio debate en audiencia a fin de mes sobre explotación del Parque Médanos
La iniciativa busca habilitar, de manera excepcional y bajo determinadas condiciones ambientales, actividades de prospección y exploración de recursos hidrocarburíferos y minerales dentro del parque nacional, lo que ya comenzó a generar debate entre sectores ambientalistas, técnicos y actores vinculados al desarrollo energético.
El anuncio se produjo tras una reunión mantenida entre el legislador colorado y representantes de WWF Paraguay, entre ellos Oscar Rodas, director de Cambio Climático y Políticas Públicas de la organización, reconocido especialista en gestión ambiental con más de tres décadas de trayectoria, y Patricia Roche, directora y representante país de la fundación.
Según explicó Rodríguez, la intención es abrir una discusión amplia con todos los sectores involucrados para analizar los aspectos técnicos, ambientales y jurídicos relacionados con la propuesta antes de avanzar con su estudio legislativo.
La Ley Nº 5723/2016 fue creada originalmente para preservar la biodiversidad y las características naturales únicas de los Médanos del Chaco, estableciendo fuertes restricciones sobre cualquier tipo de intervención dentro del área protegida. Sin embargo, el proyectista sostiene que el contexto económico, energético y tecnológico actual obliga a revisar ciertos límites legales para compatibilizar la conservación ambiental con el aprovechamiento responsable de recursos naturales estratégicos.
El proyecto plantea específicamente modificar el artículo 4º para permitir que el Plan de Manejo del Parque contemple autorizaciones para actividades de prospección y exploración, siempre bajo estrictos criterios de mitigación ambiental, planificación territorial y delimitación de zonas específicas, incluyendo áreas de amortiguamiento.
A su vez, la modificación del artículo 6º reafirma el carácter de dominio público del parque nacional y establece que cualquier ocupación o intervención deberá contar con autorización expresa del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), fortaleciendo además las facultades estatales para desalojar ocupaciones ilegales.
El documento de respaldo del proyecto sostiene que la intención no es eliminar la protección ambiental de la zona, sino dotar al Estado de herramientas normativas más flexibles para gestionar el área con base en criterios técnicos y bajo supervisión ambiental.
