Diesel justifica la reserva del encuentro con Peña y minimiza crítica por la cita en Mburuvicha Róga
Luego de presentar el informe de gestión correspondiente al 2025, el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, salió al paso de las críticas por la reunión que mantuvo con el presidente Santiago Peña en la residencia presidencial. Visiblemente incómodo ante las preguntas de la prensa, el magistrado defendió el carácter reservado del encuentro y sostuvo que no existía obligación alguna de comunicarlo previamente.
Diesel rechazó que se haya tratado de una reunión secreta y afirmó que el hecho era de conocimiento general, aun cuando su confirmación pública se produjo recién después de que trascendiera por la filtración de un medio de comunicación. A su criterio, no hay necesidad de informar con antelación sobre reuniones de este tipo ni de detallar su realización antes de que ocurran.
El encuentro se llevó a cabo a inicios de diciembre en Mburuvicha Róga y contó con la participación de seis de los nueve ministros de la Corte. En un primer momento, el hermetismo que rodeó la cita alimentó especulaciones sobre la presencia de dirigentes políticos, entre ellos el titular de la ANR, versión que posteriormente fue desmentida por el propio jefe de Estado. Peña incluso abordó el tema en un pódcast difundido días atrás, donde negó categóricamente la participación de terceros ajenos al Poder Ejecutivo y Judicial.
La polémica escaló al punto de que el Tribunal de Ética Judicial abrió una investigación para analizar la conducta de los ministros que participaron del cónclave, ante una posible transgresión al Código de Ética Judicial. Además de Diesel, asistieron Carolina Llanes, César Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, mientras que Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia no estuvieron presentes.
Durante el mismo contacto con la prensa, el presidente de la Corte también fue consultado sobre la ley sancionada por el Congreso que elimina el límite de tiempo para que los ministros ejerzan funciones de superintendencia en los departamentos judiciales, norma que aún aguarda una definición del Ejecutivo. Diesel evitó fijar una postura institucional y se limitó a señalar que la decisión final recae exclusivamente en el presidente, quien podrá promulgarla o vetarla.
El magistrado también se refirió brevemente al escándalo conocido como la mafia de los pagarés. En ese punto, insistió en que los embargos son una cuestión en la que la Corte no puede intervenir de manera directa, aunque destacó que desde el máximo tribunal se dictaron resoluciones y acordadas con el objetivo de mitigar los efectos del problema y encauzar soluciones administrativas.
Tras responder las consultas, Diesel dio por terminado el contacto con los periodistas y se retiró rápidamente, dejando abiertas las controversias en torno a la relación entre el Ejecutivo y la cúpula judicial, en un contexto de creciente cuestionamiento ciudadano sobre la transparencia y la independencia de la justicia.