Denuncian ante la Fiscalía 21 muertes en la Ruta PY08 y apuntan a la inacción del MOPC
La acción fue promovida junto a las senadoras Esperanza Martínez y Yolanda Paredes, quienes acompañaron la presentación del escrito en el que se detalla el cúmulo de accidentes fatales registrados en el tramo comprendido entre la rotonda de la Calle 6000, límite entre Guayaybí y Santaní, hasta el cruce Yby Ya'u, una zona largamente cuestionada por su peligrosidad y estado de abandono.
En el documento elevado a la Fiscalía se sostiene que la Ruta PY08 cumple un rol estratégico para la interconexión de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, además de constituir un corredor clave hacia el Brasil, y que, pese a reiteradas advertencias de autoridades locales, representantes políticos y reclamos ciudadanos, no se adoptaron medidas mínimas de señalización, reparación o mantenimiento que permitan reducir los riesgos para los usuarios.
Villalba afirmó que la denuncia no responde a una motivación política coyuntural, sino a una situación que se arrastra desde hace años y que, según datos citados en la presentación, dejó al menos 21 víctimas fatales entre 2004 y enero de este año. A su criterio, la gravedad del cuadro obliga a analizar si la inacción estatal configura una conducta penalmente relevante, atendiendo a que los accidentes son constantes y previsibles en un tramo calificado como intransitable.
El legislador sostuvo que existieron numerosas comunicaciones y pedidos formales al Ministerio de Obras Públicas para intervenir la ruta, sin que se haya dado una respuesta efectiva, y cuestionó que ni siquiera se hayan realizado trabajos básicos de señalización en sectores críticos, donde los baches y el deterioro del pavimento son visibles y persistentes.
La denuncia solicita que el Ministerio Público investigue las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse de la omisión de acciones preventivas, en un contexto donde, según los denunciantes, el estado de la ruta constituye un riesgo permanente para miles de personas que la utilizan a diario.
Desde la oposición remarcan que el objetivo es sentar un precedente de responsabilidad institucional y evitar que las muertes en rutas nacionales sigan siendo tratadas como hechos aislados o inevitables, cuando existen advertencias previas y competencia directa del Estado para intervenir.
