Denuncia de atropello institucional en sesión de Diputados por pedidos de intervención
A través de sus redes sociales, la legisladora del Frente Guasu afirmó que nuevamente se utilizó el "manual cartista" para forzar decisiones sin debate ni transparencia.
"En Diputados vuelven a aplicar el manual cartista para atropellar instituciones: cerrar el debate, imponer el votazo y allanar el camino para la persecución política. Todo en cuestión de minutos, rapidito porque tienen muchas otras cosas que hacer", expresó la senadora, visiblemente indignada por la rapidez con la que se resolvió un tema tan sensible y trascendental.
Martínez advirtió que el verdadero objetivo detrás de esta avanzada legislativa no es la búsqueda de transparencia en la gestión municipal, sino un intento de manipulación política por parte del sector liderado por el expresidente Horacio Cartes. "A quienes creen de buena fe, que al cartismo le interesa la transparencia en CDE, les invito a observar quiénes impulsan este nuevo atropello institucional", sentenció.
La sesión de ayer martes en la Cámara de Diputados, que duró apenas 15 minutos, sirvió para aprobar la conformación de comisiones especiales encargadas de analizar los pedidos de intervención de la Contraloría General de la República sobre las gestiones del intendente Miguel Prieto en Ciudad del Este y de Óscar "Nenecho" Rodríguez en Asunción. La rapidez del procedimiento fue tal que los propios diputados de la oposición apenas tuvieron oportunidad de hablar. El cartismo, haciendo uso de su mayoría parlamentaria, impuso su agenda sin permitir un debate amplio.
La diputada Rocío Abed, líder de la bancada de Honor Colorado, dejó en claro que la intención es avanzar "paso a paso" en los pedidos de intervención, empezando por Ciudad del Este. Por su parte, el cartista Yamil Esgaib solicitó cerrar el debate rápidamente para pasar a votación, lo que se concretó con la acostumbrada aplanadora colorada.
Los cuestionamientos no se hicieron esperar. Legisladores como Miguel Martínez y Rubén Rubín señalaron que el procedimiento fue un golpe más a la institucionalidad democrática. Martínez, en particular, lo calificó como "el comienzo de una dictadura" y denunció que se está quebrantando el Estado de derecho en Paraguay.
El contexto de esta maniobra parlamentaria es el pedido de intervención solicitado por la Contraloría. En el caso de Ciudad del Este, se han denunciado supuestas irregularidades como el uso de empresas de maletín, facturas falsas, sobrefacturaciones y desvío de fondos destinados al transporte público. En Asunción, el intendente Rodríguez es investigado por el uso indebido de G. 500.000 millones obtenidos mediante bonos, los cuales, según la Contraloría, fueron desviados a gastos corrientes.
Mientras tanto, otros municipios del país, como Valenzuela, Horqueta, Ñemby, Puerto Casado e Itacuá, también están en la mira por irregularidades similares, aunque los trámites de intervención no han sido activados con la misma celeridad.
La senadora Esperanza Martínez advirtió que detrás de este movimiento acelerado no hay una intención real de controlar la corrupción, sino de consolidar el control absoluto del poder. "¿Transparencia? Lo que quieren es convertir al país en su estancia para llenarse aún más los bolsillos y asegurar impunidad", concluyó.