PolíticaAplanadora cartista
La sesión, que duró apenas 15 minutos, fue calificada de inusual por varios legisladores. La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) destacó la rapidez con la que se trató un tema de tal envergadura. El diputado cartista Yamil Esgaib solicitó cerrar el debate y llevar a votación, lo cual fue aprobado por la mayoría cartista.
La conformación de las comisiones especiales se realizó con una mayoría propia del Partido Colorado, asignando cinco de los nueve miembros a este partido, tres al PLRA y uno a la multibancada opositora. Esta distribución ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que considera que se trata de un atropello a la democracia y una muestra de la concentración de poder del cartismo.
Reacciones políticas y sociales
La rápida aprobación de las comisiones especiales ha generado diversas reacciones en el ámbito político. La diputada Rocío Abed, líder de la bancada de Honor Colorado, defendió la medida, afirmando que se avanzará paso a paso en los pedidos de intervención, comenzando por el caso de Miguel Prieto.
Por su parte, el diputado Miguel Martínez (Independiente) calificó la situación como "el comienzo de una dictadura", mientras que Rubén Rubín expresó su preocupación por la corrupción generalizada en los distintos partidos políticos.
Ciudad del Este: Miguel Prieto bajo la lupa
La gestión del intendente Miguel Prieto en Ciudad del Este ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas irregularidades administrativas y financieras. La Contraloría Ciudadana ha señalado la existencia de empresas de maletín vinculadas a funcionarios municipales, compras de facturas falsas y sobrefacturaciones en licitaciones públicas. Uno de los casos más emblemáticos es la mensura judicial de la exfinca 66, que costó al erario municipal G. 2.670 millones, a pesar de contar con personal técnico propio.
Además, se ha cuestionado el uso de fondos destinados al transporte público eléctrico, que generó un déficit de casi G. 190 millones en un año, y el uso indebido de royalties para cubrir este agujero financiero.
Asunción: Óscar "Nenecho" Rodríguez en la mira
El intendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez, enfrenta acusaciones por el desvío de G. 500.000 millones obtenidos mediante bonos emitidos para obras públicas. La Contraloría General de la República confirmó que estos fondos fueron utilizados para gastos corrientes, lo cual está expresamente prohibido por la Ley Orgánica Municipal.
Asimismo, se han reportado irregularidades en la contratación de productos durante la pandemia, como la compra de detergentes y saturómetros a precios inflados, lo que ha derivado en imputaciones por lesión de confianza y asociación criminal.
Otros municipios bajo investigación
Además de Ciudad del Este y Asunción, existen otros municipios en Paraguay que han sido objeto de pedidos de intervención por parte de la Contraloría General de la República. Entre ellos se encuentran:
Itacuá: La Municipalidad de Itacuá, encabezada por el intendente Alfonzo Rolando Bell Martínez (PLRA), recibió G. 3.003 millones en 2024 del Tesoro Nacional. Estos fondos estaban destinados a obras de infraestructura vial, construcción y reparación de instituciones educativas, entre otros beneficios para los contribuyentes. Sin embargo, no se presentó ninguna rendición de cuentas sobre su uso. Como consecuencia, en enero y febrero de 2025, el Ministerio de Economía bloqueó las cuentas del municipio, impidiendo nuevas transferencias.
Horqueta: La Municipalidad de Horqueta, bajo la administración del intendente Jorge Enrique Centurión Giménez (PLRA), recibió G. 8.124 millones durante 2024. Además, en enero de 2025 se transfirieron G. 1.650 millones y en febrero otros G. 1.859 millones. A pesar de estos desembolsos, el municipio no presentó la rendición de cuentas correspondiente, generando preocupación sobre el destino de los recursos.
Valenzuela: La intervención es a la gestión de la intendenta Mirtha Fernández (PLRA), quien está acusada por asociación criminal y lesión de confianza.
Ñemby: Se solicita la intervención de la administración del intendente, Tomás Olmedo (ANR). Los ediles alegan mal desempeño de funciones y la falta de transparencia en el manejo de los fondos de la comuna.
Puerto Casado: Administrado por Hilario Adorno, en donde, según las denuncias, existirían unos G. 2.400 millones sin respaldo documental.
La ciudadanía espera que estas investigaciones se lleven a cabo con imparcialidad y que se sancione a los responsables en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.
