Corte aclara que está vigente la ley para levantar embargos en expedientes extraviados
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un comunicado en el marco de las protestas realizadas por víctimas de "la mafia de los pagarés" en el que aclaró que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 7614/25, que dispone el levantamiento de embargos y otras medidas cautelares dictadas en juicios ejecutivos cuyos expedientes se encuentren extraviados o no obren en las Secretarías de los juzgados correspondientes.
Según recordó la máxima instancia judicial, el artículo 12 de la citada normativa establece de manera expresa que su vigencia comienza a regir desde el día siguiente a su promulgación. En ese sentido, señalaron que la ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de diciembre de 2025, por lo que se encuentra vigente desde el 31 de diciembre.
En el comunicado, la Corte enfatizó que no es necesaria ninguna instrucción, reglamentación, protocolo ni actuación administrativa adicional por parte de la propia Corte Suprema de Justicia ni de ninguna otra autoridad. Aclararon que la aplicación de la ley corresponde exclusivamente a los juzgados donde tramitan los procesos judiciales, en aquellos casos en que los expedientes estén extraviados o no se encuentren físicamente en la Secretaría respectiva.
En ese marco, el alto tribunal instó a los jueces a dar cumplimiento estricto e inmediato a lo dispuesto en la Ley 7614/25 y a proceder al levantamiento de los embargos y demás medidas cautelares decretadas, una vez que se constate formalmente la inexistencia o extravío del expediente. Dicha verificación debe realizarse conforme a lo establecido en los artículos 4°, 5° y 6° de la normativa, mediante informe del actuario correspondiente y dentro de los plazos previstos por la ley.
Finalmente, la Corte Suprema exhortó a las personas afectadas por embargos o medidas cautelares que no hayan sido levantadas pese a cumplirse los requisitos legales, a denunciar estas omisiones ante el Consejo de Superintendencia del máximo tribunal. El objetivo es abrir las investigaciones pertinentes y, en caso de comprobarse el incumplimiento de la ley, aplicar las sanciones correspondientes a los responsables, sin perjuicio de la remisión del caso a otras instancias, según la gravedad de cada situación.
