Copaco cada vez peor y aumenta presión sobre qué entes absorberán 2 mil funcionarios
Durante el análisis de la iniciativa en la Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados, se incorporaron observaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), organismo que sugirió precisar que los trabajadores trasladados dejarán de estar vinculados jurídicamente a Copaco y pasarán a regirse por las normativas laborales de las entidades receptoras.
La propuesta establece que los funcionarios conservarán su antigüedad y los aportes previsionales acumulados, pero perderán los derechos y beneficios específicos conquistados mediante negociaciones colectivas dentro de la compañía estatal de telecomunicaciones.
Según las recomendaciones planteadas por la Procuraduría, una vez concretado el traslado la relación laboral con Copaco quedará extinguida formalmente, debido a que el funcionario dejará de pertenecer a la empresa pública.
El proyecto busca habilitar una salida excepcional para trabajadores de Copaco mediante transferencias a otras instituciones estatales que requieran personal técnico o administrativo, en medio de la profunda crisis financiera y estructural que atraviesa la compañía.
La situación de Copaco sigue siendo delicada. La administración actual viene impulsando una reducción gradual de personal debido a la caída de ingresos y al peso de la estructura salarial. Según datos expuestos por las autoridades de la estatal, la empresa llegó a contar con cerca de 2.880 funcionarios y actualmente ronda unos 2.330 empleados, aunque el objetivo sería reducir aún más la plantilla.
En ese contexto, el plan inicialmente apuntaría a trasladar entre 100 y 150 funcionarios en una primera etapa, principalmente trabajadores que desde hace años ya se encuentran comisionados en otras instituciones públicas.
La iniciativa también plantea establecer requisitos para acceder al régimen especial, entre ellos una antigüedad mínima de cinco años dentro de la empresa estatal.
Otro de los puntos debatidos guarda relación con las restricciones legales actualmente vigentes para realizar traslados definitivos entre organismos públicos y sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. La PGR señaló que será necesaria una excepción legal expresa debido a que el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación prohíbe actualmente este tipo de movimientos laborales.
Por ahora, el traslado de funcionarios todavía no tiene fecha de aplicación ni plazos definidos, debido a que el proyecto de ley aún no fue aprobado por el Congreso. Recién una eventual sanción permitirá reglamentar el mecanismo, determinar qué instituciones podrán absorber personal y fijar las condiciones definitivas para los trabajadores interesados.
La comisión asesora emitió dos dictámenes sobre el proyecto: uno favorable con modificaciones y otro que recomienda directamente rechazar la propuesta.
El presidente de la comisión, Jorge Ávalos Mariño, sostuvo que el proyecto intenta responder a una problemática social compleja vinculada a la situación de miles de trabajadores que dependen de Copaco, al tiempo de buscar una salida jurídica ordenada dentro del aparato estatal.
El proyecto continuará ahora su recorrido legislativo antes de un eventual tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados.